Jarro de agua fría para Aznalcóllar, el pueblo de la provincia de Sevilla con mayor tasa de paro. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar. El archivo de la causa, solicitado también por el Ministerio Fiscal, fue decidido a finales de 2015 por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, mientras que la ponente de la controvertida resolución de la Audiencia ha sido la juez Mercedes Alaya, ex instructora del caso de los ERE y de los cursos de formación.
Aunque la reapertura del caso no paraliza los trabajos en la mina, donde ya están trabajado cerca de 180 personas, la decisión de la Audiencia ha sembrado la inquietud en los vecinos del pueblo. Y no solo en ellos: a pesar de los mensjaes tranquilizadores de la Junta de Andalucía y de la propia empresa, el alcalde no las tiene todas consigo.
Juan José Fernández (IU) ha vuelto a recordar cuál es la verdadera situación en el pueblo: “Aznalcóllar está pasando hambre. Lo digo y lo repito: pasando hambre”, ha dicho esta mañana en una entrevista en Canal Sur Televisión. Antes, ha recordado, la Cruz Roja destinaba mil kilos de comida al mesa para la gente del pueblo que pasa necesidad, “hoy son 8.000 kilos”.
Ni cinco euros
Fernández, minero él mismo de profesión, ha resaltado que en Aznalcóllar “más de 300 personas no tienen hoy nada que llevar a su casa, nada, no van ni a las oficinas del INEM porque están en otro pueblo y les cuesta el viaje cinco euros”.
En cuanto a la reapertura judicial del caso, el alcalde lamenta “tener que volver a pasar por esta incertidumbre" y espera que "la justicia termine con esta pesadilla y todo vuelva a su cause normal".
En el auto judicial de 59 páginas, la Sección Séptima valora los argumentos de Emérita Resources, que perdió el concurso internacional promovido por la Junta, y de Manos Limpias, que también recurrió y cuyos responsables máximos están acusados de extorsionar a empresas e instituciones utilizando como moneda de cambio su personación en casos judiciales de trascendencia política y mediática.
"Pudiera haber existido una actuación administrativa no meramente irregular, sino suficientemente grave como para que sea necesario continuar la instrucción", afirma Alaya en el auto, respaldado por unanimidad por el resto de jueces de la Sección Séptima.
En la Junta ha sorprendido ha decisión judicial. Sus letrados se emplearon a fondo en su día para demostrar a la juez instructora que todos los pasos dados en el concurso habían estado escrupulosamente sometidas a la legalidad. Desde el Gobierno andaluz se recuerda además que la pretendida prevaricación sólo habría podido cometerse con la connivencia expresa de más de una decena de funcionarios de carrera que participaron en el procedimiento, lo cual consideran poco verosímil, como también entendió en su día la juez al archivar el caso.