El Gobierno de José Luis Sanz ha sacado adelante su propuesta de rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 1% en el pleno extraordinario celebrado este lunes en Sevilla, con el voto favorable del PP, abstención de Vox y la oposición de PSOE y Con Podemos-IU, que advierten sobre la insignificancia de esta bajada para las familias trabajadoras y la repercusión en la merma de servicios públicos del Ayuntamiento.
El principal cuestionamiento de la oposición se ha centrado en que la reducción del 1% se aplica sin distinguir, sin ningún tipo de progresividad por sí misma, entre una familia trabajadora que es propietaria de una vivienda y una entidad financiera, un fondo de inversión o un gran tenedor con numerosos inmuebles. En consecuencia, el ahorro depende de la cuantía del impuesto que paga cada propietario y eso se traduce en que cuanto mayor sea la base sobre la que se aplica la reducción, mayor será el ahorro en términos absolutos.
La enmienda ha sido duramente criticada por la concejala y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, que ha rechazado la propuesta al considerar que no incorpora criterios de progresividad, preguntándose “en el bolsillo de qué ciudadano se queda ese dinero”. Durante el debate, ha cuestionado que el Gobierno municipal anuncie cifras globales, lances cifras del IBI sin dar explicaciones de “cuál es el impacto real de cada una de las rebajas de impuestos que han ido haciendo”. La socialista ha insistido en que el Ayuntamiento no ha explicado suficientemente "en el bolsillo de qué ciudadano se queda ese dinero" ni "qué necesidades colectivas van a seguir sin responderse por esa bajada de impuestos".
Cuando se habla de progresividad en el impuesto, Gaya defiende que “no es lo mismo una subestación eléctrica que para una vivienda en el Cerro del Águila”, por lo que la política fiscal municipal debería valorar, para la portavoz adjunta, no solo cuánto se reduce la recaudación, sino también a quién llega el ahorro y qué servicios públicos pueden verse condicionados y mermados por esas decisiones.
El concejal de Con Podemos-IU Ismael Sánchez Castillo ha criticado que la repercusión de la medida “para las familias trabajadoras van a ser insignificante”, además de que supondrá, como ya advirtieron desde el Ayuntamiento, “dejar de recaudar 12 millones de euros”, advierte Sánchez Castillo, al mismo tiempo que pone sobre la mesa la desigualdad y pobreza que siguen soportando seis barrios de la capital andaluza.
En su intervención, ha acusado al Gobierno de Sanz de favorecer a los grandes intereses económicos, acusando a los populares de defender “a la gran patronal” y las “rebajas fiscales para beneficiar a los grandes fondos de inversión". Frente a esa política, Sánchez Castillo ha reclamado una "fiscalidad que contribuya a reducir las desigualdades” y aumentar el gasto en servicios públicos que disfrutarán todas esas familias trabajadoras de barrios desfavorecidos.
La crítica de IU apunta a una cuestión central y es que una reducción porcentual idéntica no implica un beneficio económico idéntico. Aunque los propietarios de viviendas modestas también pueden obtener un ahorro, las entidades que concentran numerosos inmuebles pueden acumular una reducción mayor en el conjunto de sus propiedades.
Vox defiende las rebajas fiscales y el PP reivindica su modelo
El teniente de alcalde y delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno, ha defendido las ordenanzas y ha sostenido que la reducción de impuestos puede contribuir a generar más actividad económica en Sevilla. No obstante, durante el intercambio recogido en el pleno, la oposición ha reclamado datos concretos que permitan comprobar ese efecto y medir cuánto empleo o actividad adicional se genera como consecuencia de las bonificaciones.
El Gobierno de Sanz presenta su política fiscal como una vía para aliviar a familias y empresas, favorecer la contratación y facilitar la actividad económica. Entre las medidas para 2027 figuran también incentivos fiscales ligados a la creación de empleo y la ampliación del periodo de bonificación del IBI para viviendas protegidas.
En su línea ideológica se ha mantenido el grupo Vox, cuyo portavoz ha defendido que “el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos”, además de defender al Ayuntamiento y enarbolar la bandera de ser un “dique de contención de la sangría fiscal que estamos padeciendo”, según Garcia de Polavieja.
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