La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la citación, en calidad de testigo, de la exconsejera de Salud entre 2022 y 2024, Catalina García, en el juicio sobre los contratos de emergencias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante los años posteriores a la pandemia una vez que el Gobierno central había deshabilitado el marco normativo para que pudieran llevarse a cabo. 

Tal y como ha adelantado la CadenaSer, Anticorrupción cita a declarar como testigo a García por su pasado como viceconsjera en la cartera de Salud mientras al frente de esta cartera estaba Jesús Aguirre, a la postre Presidente del Parlamento de Andalucía. Anticorrupción también solicita la declaración en las mismas circunstancias del que fuera viceconsejero de Hacienda y Financiación Europea, Roberto Ochoa, entre la etapa comprendida entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022.

El propósito que persigue Anticorrupción, según se desprende de su escrito, es continuar ahondando en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente y se actualiza la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de Acuerdos anteriores. Gracias a este acuerdo, el control para determinados gasto pasó a ser un control "permanente", es decir, a posteriori, buscando, según desprendió Amelia Martínez en sus declaraciones en el juzgado, una mayor eficiencia de contratación en una época -pandemia y pospandemia- que requería de dicha agilización de trámites administrativos.

En la misma declaración de Martínez, exinterventora general de la Junta de Andalucía y actual viceconsejera de Hacienda, se dejó en el aire cómo, mientras el informe que se realizó desde la Intervención General de la Junta de Andalucía se incluían hasta siete gastos nuevos que no requerirían de control previo, que se pueden comprobar en la propia memoria firmada por los interventores de la Junta; en el documento final aprobado por la Junta de Andalucía aparecen finalmente ocho gastos nuevos, donde se incluyen, por primera vez, los contratos de emergencias del SAS.

Según publica elDiario.es, la propia Martínez admitió que ella no fue quien incluyó dicho gasto en el documento final, aunque fuentes presentes en el juicio dejaron claro que no se podría haber hecho sin su conocimiento. Martínez puso de manifiesto que la inclusión de los contratos del SAS careció de una propuesta formal por parte del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, así como de un informe de la propia Intervención, según relataron fuentes presenciales.

Martínez describió la inclusión final de los contratos del SAS para someterse al control financiero permanente como fruto de un diálogo en la Comisión General de Viceconsejeros, conocida coloquialmente como el Consejillo, por ser el órgano que prepara los contenidos que acaba aprobando el propio Consejo de Gobierno, entre la viceconsejera de Salud y el viceconsejero de Hacienda, responsabilidades que ejercían entonces Catalina García y Roberto Ochoa.

El propósito de Anticorrupción sería conocer de primera mano la versión de ambos protagonistas sobre la decisión de incorporar los contratos del SAS entre los gastos de emergencia ante el Covid que pasaban a control financiero permanente.

Se hizo "lo que se debía" con los contratos del SAS

La exconsejera de Salud, Catalina García, defendió el pasado martes la actuación que se había hecho desde el Gobierno andaluz y desde su consejería con los contratos del SAS que ahora investiga la Justicia. Concretamente, García explico que la Junta "actuó para la protección de las personas", por lo que se "la acción que se hizo era la que se debía". 

"Durante una de las crisis más graves que se han sufrido a nivel mundial, se actuó para la protección de las personas y la protección de la salud", enfatizó García, a la que ahora Anticorrupción ha solicitado que declare en calidad de testigo.