Andalucía volverá a iniciar el próximo curso escolar sin auxiliares de conversación en sus centros educativos públicos. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha confirmado que tampoco participará en el Programa Estatal de Auxiliares de Conversación durante el curso 2026/2027 y mantendrá como alternativa el Programa de Competencia Comunicativa en Enseñanza Bilingüe, implantado el pasado año.
La decisión ha sido criticada por el sindicato USTEA, que acusa a la Junta de sustituir un recurso educativo consolidado durante más de dos décadas por una solución “improvisada” e insuficiente para responder a las necesidades reales de los centros bilingües.
La suspensión del programa se remonta al curso 2025/2026, cuando la Consejería decidió no adherirse a la convocatoria estatal tras la apertura de expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo. Andalucía recibió propuestas de sanción por valor cercano a los cinco millones de euros relacionadas con la situación administrativa y laboral de auxiliares de conversación extracomunitarios.
Según la Junta, el conflicto tiene su origen en una falta de coordinación entre los ministerios de Educación, Trabajo y Exteriores sobre la consideración jurídica de estos participantes. La administración andaluza sostiene que el programa es diseñado y gestionado por el Ministerio de Educación, que selecciona a los auxiliares, establece las condiciones de participación y distribuye las plazas entre las comunidades autónomas.
La Consejería asegura que solicitó garantías al Gobierno central para evitar nuevas sanciones, pero que dichas garantías nunca llegaron. Ante esta situación, decidió no incorporarse al programa estatal mientras persista la incertidumbre jurídica.
Además de Andalucía, otras comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Navarra tampoco participarán en la próxima edición del programa.
La crítica de USTEA
USTEA considera que la respuesta de la Junta ha sido equivocada. El sindicato sostiene que, en lugar de corregir las irregularidades detectadas y garantizar condiciones adecuadas para los auxiliares, la administración autonómica ha optado por eliminar un recurso educativo que llevaba más de veinte años formando parte de la enseñanza pública andaluza.
La organización recuerda que la retirada del programa dejó fuera a 1.862 auxiliares de conversación que colaboraban en los centros educativos andaluces, especialmente en el desarrollo de la competencia oral del alumnado y en el apoyo a las enseñanzas bilingües.
Para el sindicato, la ausencia de estos profesionales supone una pérdida significativa para el aprendizaje de idiomas y para la dimensión internacional de los centros educativos. Además, advierte de que el modelo alternativo impulsado por la Junta no puede sustituir la presencia cotidiana de auxiliares dentro de las aulas.
USTEA también cuestiona que buena parte de las actividades del nuevo programa se desarrollen fuera del horario lectivo ordinario, lo que, a su juicio, puede generar desigualdades entre el alumnado y dificultar el acceso en entornos rurales o entre estudiantes con menos recursos.
Asimismo, denuncia que el nuevo sistema incrementa la carga organizativa de los equipos directivos y de las coordinaciones bilingües y abre la puerta a una mayor externalización de servicios educativos.
La alternativa de la Junta
Frente a estas críticas, la Consejería defiende que no ha renunciado al valor pedagógico de los auxiliares de conversación y que ha buscado fórmulas para mantener el refuerzo lingüístico en los centros.
El Programa de Competencia Comunicativa en Enseñanza Bilingüe contempla actividades de refuerzo oral en lengua extranjera, intercambios escolares, estancias lingüísticas, inmersiones intensivas y actividades teatrales desarrolladas en otros idiomas. Igualmente, desde la Consejería de Educación han defendido que estas medidas permiten mantener el impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras mientras no se resuelva el conflicto jurídico que afecta al programa estatal.
La Junta insiste en que el problema no deriva de una decisión educativa, sino de la falta de seguridad jurídica para las comunidades autónomas participantes. De hecho, recuerda que ha presentado alegaciones contra las sanciones impuestas y que mantiene abiertos procedimientos administrativos y judiciales para recurrirlas.
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