El alcalde de Sevilla ataca la "prioridad nacional" y pone a prueba la buena sintonía de Moreno Bonilla con Vox

Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para garantizar la gobernabilidad de Andalucía han entrado en una nueva fase marcada por la discreción de ambas formaciones. Sin embargo, en pleno desarrollo de los contactos, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha irrumpido en el debate con una crítica frontal a una de las principales reivindicaciones de la formación de Santiago Abascal: la denominada “prioridad nacional”.

El regidor sevillano aseguró este viernes que dicha propuesta es “ilegal” y “anticonstitucional”, unas declaraciones que llegan en un momento especialmente sensible para el PP andaluz, que necesita el respaldo de Vox para asegurar la investidura de Moreno Bonilla tras quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

“La prioridad nacional no se puede aplicar, es ilegal. Mientras sea alcalde de Sevilla, independientemente de la nacionalidad de cualquiera que viva aquí, todo el mundo tendrá los mismos derechos”, afirmó Sanz durante una entrevista en el programa Más de Uno Sevilla de Onda Cero.

El alcalde ha insistido en que se trata de un planteamiento incompatible con el marco legal vigente y sostuvo que no existe margen para su aplicación en ninguna administración pública. “Es totalmente ilegal”, reiteró, descartando cualquier posibilidad de trasladar este principio a la gestión municipal sevillana.

Vox mantiene sus exigencias

Las declaraciones de Sanz contrastan con el discurso que Vox está defendiendo en las negociaciones abiertas con el PP andaluz. El portavoz parlamentario de la formación, Manuel Gavira, confirmó este viernes desde Córdoba que existe una “buena disposición” entre ambos partidos y trasladó optimismo sobre la evolución de los contactos.

Aunque evitó concretar si Vox exigirá entrar en el futuro Gobierno andaluz, sí dejó claro que las conversaciones giran en torno a un paquete de medidas que su partido considera prioritarias y que ya forman parte de acuerdos alcanzados con el PP en otras comunidades autónomas.

“Primero las medidas y luego ya se verá quién las ejecuta”, resumió Gavira, quien insistió en que Andalucía seguirá el mismo esquema aplicado recientemente en territorios como Extremadura, Aragón o Castilla y León.

Entre las propuestas que Vox considera irrenunciables figura precisamente la denominada “prioridad nacional”, un concepto que plantea favorecer a los ciudadanos españoles en el acceso a determinadas ayudas sociales y recursos públicos. La formación también defiende medidas relacionadas con la reducción de impuestos, la simplificación administrativa y un mayor respaldo al sector primario.

Gavira evitó detallar el contenido concreto de las conversaciones y apeló a la discreción pactada entre ambas fuerzas políticas. No obstante, dejó claro que Vox pretende hacer valer su posición decisiva en el nuevo Parlamento andaluz.

El precedente del Ayuntamiento de Sevilla

La posición expresada ahora por José Luis Sanz no es nueva. De hecho, el alcalde ya dejó entrever ese rechazo el pasado mes de mayo durante un pleno municipal en el que Vox presentó una moción relacionada con la aplicación de la prioridad nacional.

En aquella ocasión, el Partido Popular votó en contra de la iniciativa impulsada por sus socios presupuestarios en el Ayuntamiento de Sevilla. El debate estuvo marcado por la confrontación entre Vox y los grupos de izquierda, mientras los populares defendían una posición más moderada.

Fue entonces cuando el portavoz municipal del PP y delegado de Hacienda, Juan Bueno, justificó el rechazo asegurando que, aunque podían existir puntos de coincidencia con Vox en determinados asuntos, la referencia fundamental de su partido seguía siendo la Constitución. “Nuestra prioridad es la Constitución Española”, afirmó durante aquella sesión plenaria.

Las palabras pronunciadas ahora por Sanz elevan el tono de esa discrepancia y adquieren una relevancia especial por producirse en mitad de las negociaciones autonómicas.

Mientras PP y Vox exploran las posibilidades de un acuerdo que garantice la estabilidad de la próxima legislatura andaluza, las declaraciones del alcalde de Sevilla introducen un elemento de tensión política sobre una de las cuestiones que la formación de ultraderecha considera centrales en su estrategia.