El terremoto político sacude de lleno al Ayuntamiento de Estepona. Realmente, su alcalde vive entre movimiento sísmico y y sacudidas, día sí y día no. Ahora, el popular José María García Urbano, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 25 de mayo en un caso que huele a nepotismo y que pone bajo sospecha la adjudicación de un negocio de hostelería en un edificio municipal de alto valor.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, sitúa en el epicentro la concesión de un espacio en la Torre Mirador del Carmen a una empresa vinculada con la pareja sentimental del hijo del regidor. Los indicios apuntan a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en un proceso que, según las pesquisas, podría haber sido diseñado a medida.
Pero el escándalo no termina ahí. Junto al alcalde también han sido llamados a declarar la delegada de Urbanismo, Ana Velasco, el interventor municipal, el secretario y varios técnicos clave del Ayuntamiento, lo que amplía la sombra de sospecha a toda la estructura administrativa que participó en la operación.
Las revelaciones son demoledoras. Según la investigación policial, desarrollada por la Unidad de Blanqueo de Capitales, el establecimiento comenzó a funcionar en septiembre de 2024 sin contar, presuntamente, con licencia de apertura. A ello se suma un agujero económico difícil de justificar con más de 54.000 euros en concepto de canon que no habrían sido abonados a las arcas municipales.
Todo ello en un complejo público que costó cerca de 15 millones de euros y cuya explotación fue adjudicada por un periodo de veinte años. Un contrato millonario ahora bajo la lupa judicial que podría convertirse en un gran escándalo político en la Costa del Sol.
El caso dio un giro clave tras un informe municipal que confirmó tanto la ausencia de licencia como el impago del canon, reactivando una investigación que ya había sufrido retrasos. La maquinaria judicial se ha puesto en marcha con fuerza y el 18 de mayo también declarará como testigo el subinspector de la Policía Nacional encargado del caso.
Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se niega cualquier irregularidad. El gobierno local desvía la responsabilidad de todo el procedimiento a los funcionarios y defiende que fue ajustado a la legalidad, tratando de desviar la responsabilidad hacia los técnicos.
La imagen de García Urbano queda aun más tocada en un momento crítico con otro procedimiento judicial en marcha y con la presión judicial aumentando.