En agosto de 2024, ElPlural.com se hacía eco del denominado “Caso legionella” del Ayuntamiento malagueño de Benámadena. El Gobierno municipal del PP había se había gastado 35.000 euros en una “supermáquina” para prevenir la legionella en colegios, pero tres meses después surgió un brote en un centro escolar. La alarma social creció, especialmente porque el alcalde, Juan Antonio Lara, nunca informó a los vecinos sobre la compra de la máquina, realizada en octubre de 2023 a través de la empresa municipal Provise.
El juzgado llama a declarar al alcalde como investigado
Tras ir sumando y conociéndose más detalles de este escándalo que pone en jaque al Ayuntamiento de Benalmádena, ahora, el denominado “Caso legionella” sigue su curso pero con un paso de gigante en los tribunales. La titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Torremolinos ha citado a declarar, en calidad de investigado, al alcalde del municipio y presidente de la empresa pública Provise Benamiel SL, Juan Antonio Lara. Se investigan presuntas irregularidades en la compra de maquinaria destinada al tratamiento del agua en colegios, una operación nada clara y que va a llevar ante el banquillo de los investigados al regidor del Partido Popular.
La comparecencia tiene fecha del 31 de marzo, y en esta Lara deberá responder ante la Justicia por posibles delitos contra la Administración Pública. En el punto de mira, una controvertida adquisición de diecisiete máquinas de limpieza ozonizada y tratamiento ecológico de la cal para actuar frente a la legionella por un valor total de 35.404,60 euros. La investigación apunta a posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho, una imputación que sin duda provoca una tormenta política localidad en la localidad costasoleña.
Pero Lara no será el único en sentarse ante la jueza. También han sido citados a declarar como investigados la ex gerente de Provise así como los empresarios involucrados en la contratación quienes han sido citados para comparecer en mayo. La situación adquiere tintes aún más oscuros desde que se supo que uno de los empresarios investigados es marido de una concejala del actual equipo de Gobierno.
Todo comenzó en octubre de 2023, cuando la Fiscalía abrió diligencias tras una denuncia del PSOE. Según el informe presentado, en enero de 2024 se detectó legionella en el agua del colegio público Mariana Pineda. Este hallazgo fue la causa que encendió todas las alarmas. El incidente sacó a la luz la reciente adquisición de estos dispositivos de purificación, una compra que ahora se encuentra bajo la investigación judicial.
Fraccionamiento de contratos, empresas vinculadas entre sí, familiares de concejales…
El procedimiento utilizado para la compra de los equipos ha sido clave en la investigación. Se ejecutó mediante dos contratos menores. De esa manera, todo indica que evitó la licitación pública. Curiosamente, cada contrato ascendía a 14.630 euros más IVA, justo por debajo del límite de 15.000 euros, umbral que hubiera obligado a someter la compra de este material a concurso público. Además, los contratos fueron adjudicados a dos empresas distintas, pero presuntamente vinculadas entre sí, lo que ha despertado sospechas sobre un posible fraccionamiento del contrato para eludir los controles administrativos.
Según la denuncia, la conexión entre ambas compañías “revela un entramado que simula operar con independencia, cuando en realidad existe una interconexión evidente”. Y hay más elementos que añaden gravedad al asunto y motivos para la investigación judicial, ya que uno de los beneficiarios del contrato es cónyuge de la concejala de Festejos de Benalmádena, lo que podría incluirse, de ser demostrado, en un claro caso delito de tráfico de influencias.
Irregularidades y falta de transparencia
La investigación de la Fiscalía destaca además otros elementos preocupantes. Las facturas de la compra presentan presupuestos idénticos, con descuentos sospechosos y gratuidad en la instalación, lo que podría delatar un acuerdo previo entre las empresas. También se ha detectado que en marzo de 2023 ya se había realizado una compra similar de máquinas ozonizadas para centros educativos, lo que invalidaría el uso repetido del contrato menor para la misma finalidad.
El escándalo pone contra las cuerdas al alcalde de Benalmádena, un político controvertido y al que la polémica le persigue. La Justicia tiene ahora en sus manos desentrañar si estamos ante un caso aislado de mala gestión o una decisión con connotaciones delictivas.
El próximo 31 de marzo, Juan Antonio Lara deberá responder ante el tribunal. Su futuro político podría estar en juego.