El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado este miércoles el registro de la primera proposición de ley de la formación para la presente legislatura, una iniciativa orientada a modificar la Ley 3/2005 con el objetivo directo de eliminar las ayudas al alquiler destinadas a los altos cargos de la Junta de Andalucía.
La propuesta legislativa impulsada por los andalucistas se centra en suprimir estas compensaciones extraordinarias, las cuales permiten a los altos dignatarios del Ejecutivo autonómico percibir hasta 2.000 euros netos al mes para sufragar los gastos de alquiler de su vivienda, para todos aquellos que vivan a más de 60 kilómetros de la capital andaluza. Según los datos aportados por la formación, el mantenimiento de este complemento económico representa un desembolso para las arcas públicas que asciende a 1,5 millones de euros anuales.
Este volumen de gasto se enmarca en una estructura gubernamental que ha alcanzado este verano un nuevo récord histórico. Tras el reciente pacto de gobierno firmado con Vox, la Junta de Andalucía ha incrementado en 13 puestos su organigrama de libre designación, situando la cifra total en 314 altos cargos, entre consejeros, secretarios generales y directores generales, un recuento que ni siquiera computa a la plantilla de asesores.
Ante este escenario, Adelante Andalucía ha planteado una alternativa de carácter social para la reorientación de dichos fondos públicos. La formación sostiene que el montante íntegro destinado a las ayudas al alquiler, sumado al ahorro derivado de las retribuciones y dietas de la cúpula política, permitiría financiar la contratación de hasta 730 médicos especialistas dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS), o bien cubrir el equivalente a 90.200 horas de atención en el servicio de ayuda a la dependencia.
El debate sobre estas retribuciones se cruza además con la evolución de los salarios públicos en el seno de la administración autonómica. Desde que el Partido Popular asumió el Gobierno de la Junta, las retribuciones de los altos cargos han experimentado un incremento porcentual situado entre el 35% y el 40%, elevando el sueldo anual del presidente hasta los 92.000 euros y el de los directores generales hasta los 80.000 euros. Una subida que contrasta de manera muy acusada con el comportamiento del salario medio general en Andalucía, que en el mismo periodo apenas ha experimentado un repunte del 16%.
“Mientras los andaluces y andaluzas pasan muchísimas fatiguitas para pagar el alquiler y para pagar la hipoteca, nos parece una barbaridad que a los altos cargos de la Junta de Andalucía se les den hasta 2.000 euros al mes limpio, quitando salario y quitando dieta, para pagar el alquiler”, ha denunciado García.
"Casas gratis"
La presentación de esta proposición de ley ha servido también para traer a la memoria los posicionamientos previos de los partidos que sustentan actualmente el Ejecutivo andaluz. Durante su etapa en la oposición, el Partido Popular protagonizó una durísima ofensiva dialéctica e institucional contra estas mismas bonificaciones económicas concedidas por los anteriores gobiernos socialistas, llegando a bautizarlas de manera recurrente y despectiva en los medios de comunicación como "casas gratis". Los populares exigieron en repetidas ocasiones su supresión inmediata por considerarlas un agravio comparativo intolerable hacia la ciudadanía.
Sin embargo, el paso de los años y la llegada del PP a San Telmo han transformado radicalmente el enfoque de la formación conservadora. Lejos de cumplir con aquellas premisas de austeridad y eliminación de privilegios que abanderaban en la bancada de oposición, los hechos demuestran que bajo el mandato actual se han duplicado los beneficiarios de estas ayudas al alquiler. La ampliación de la estructura institucional pactada con Vox ha abierto la puerta de las subvenciones a un mayor número de consejeros y altos directivos, normalizando aquello que antaño tildaban de injusticia flagrante y permitiendo que los nuevos socios del Ejecutivo se beneficien también de estas compensaciones para la vivienda.
Para concluir, García ha emplazado tanto al Partido Popular como a Vox a retratarse de forma pública en el Parlamento de Andalucía cuando la iniciativa sea debatida en el Pleno. El dirigente ha advertido de que ambas formaciones políticas "se van a tener que posicionar y van a tener que votar", exigiendo que aclaren si mantienen su negativa a debatir sobre el fin de unos privilegios que, según recalca el andalucista, hunden sus raíces en una flagrante contradicción entre lo que se prometía desde la oposición y lo que ahora se gestiona desde el poder.
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