El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado hoy que su grupo solicitará la apertura de una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz para investigar la contratación realizada por el Servicio Andaluz de Salud durante los años de la pandemia y posteriores tras conocerse que un juzgado de Córdoba ha iniciado una investigación ante la presunta prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude contra la administración en hasta 150 contratos públicos. El andalucista, además, ha recordado que el PP ya ha rechazado anteriormente de una comisión para que el Parlamento investigue sobre esas contrataciones: "Hay dos nuevos casos de corrupción, tienen que dar explicaciones", ha indicado García.

Del mismo modo, el andalucista ha exigido a Moreno Bonilla el cese de la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, que ya está siendo investigada por el uso de la contratación de emergencia una vez que esa fórmula ya había expirado. La contratación de emergencia fue una fórmula promovida por el Gobierno central para, en lo peor de la crisis del Covid, las adminsitraciones pudieran contratar de manera más rápida y efectiva. Sin embargo, en la Administración andaluza, esta fórmula esuvo prorrogándose más de dos años después de que hubiera expirado. Eso fue denunciado por el PSOE-A ante los Tribunales y ahora se investigan dichas contrataciones, que ascienden a un valor de 240 millones de euros.

La actual gerente, Valle García, es una de las imputadas en esta causa judicial que señala directamente al Gobierno del PP y a su principal responsable, Moreno Bonilla. La gerente, además, reconoció en el juicio que desoyó la orden de Hacienda para dejar de contratar a través de esta fórmula, aduciendo que la situación todavía era complicada. La realidad es que esa prórroga de la forma de contratación provocó que durante años se firmaran acuerdos sin publicidad ni concurrencia competitiva con empresas privadas.

"¡Qué macabra habilidad ha tenido el señor Moreno Bonilla! Este caso que abre los juzgados de Córdoba es por la contratación menor, es decir, por el abuso de la contratación menor. Quiere decir que, presuntamente, lo que pasaba es que se troceaban contratos, se hacían de cantidades más pequeñas, para saltarse los controles de la Administración y poder dárselos a dedos a las empresas que ellos querían. Eso es lo que está investigando la justicia. Y resulta que en el hospital que lo está investigando, la que era directora gerente de ese hospital es la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud, que ya está imputada por corrupción por el caso contrato de emergencia", ha explicado con cierta sorna el portavoz andalucista.

Un juzgado de Córdoba investiga más de 150 contratos del SAS

Más de 150 contratos públicos adjudicados durante la pandemia por la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba están siendo investigados por un juzgado, que aprecia indicios de irregularidades en la forma de contratación bajo la dirección de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Las diligencias se centran en adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2021, cuando Valle García dirigía tanto el Hospital Universitario Reina Sofía como la propia plataforma logística, órgano encargado de gestionar compras y suministros sanitarios en la provincia.

La investigación ha sido abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, cuyo titular, el magistrado José Luis Rodríguez Lainz, aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude contra la administración. En el auto, fechado el pasado 11 de enero, el juez ordena que se dé traslado de las actuaciones tanto a la actual gerente del SAS como al propio servicio sanitario andaluz.

El origen del procedimiento está en la querella presentada en octubre por el PSOE, que denunciaba presuntas irregularidades en hasta 573 expedientes de contratación y solicitaba que Valle García fuera llamada a declarar en calidad de investigada. No obstante, el magistrado ha acotado por el momento el alcance de la causa y ha descartado otros delitos incluidos en la denuncia, como la malversación de caudales públicos o la pertenencia a organización criminal, al considerar que no están suficientemente justificados en esta fase inicial.