Ni siquiera las derechas han llegado, de momento, tan lejos como lo ha hecho Adelante Andalucía, que ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Parlamento repruebe a los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, así como a todos sus gobiernos.
El motivo de reprobación de los dos primeros es la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla en el caso ERE, recurrida ante el Supremo, mientras que el motivo para poner a Díaz en el disparadero es su decisión de retirar la acusación de la Junta en la pieza política de la macrocausa.
En la exposición de motivos, la formación que lidera Teresa Rodríguez subraya que “resulta indignante que no exista un mecanismo eficaz para recuperar todo el dinero malversado” y culpa directamente de ello a la expresidenta socialista por haber decidido “que la Junta de Andalucía debía retirarse como acusación particular en el proceso judicial del caso de los ERE, llegando incluso a pedir al juez el archivo de la causa”.
Dureza extrema
La dureza desplegada en el texto contra Díaz autoriza a conjeturar que la iniciativa ha debido de partir del núcleo dirigente de Podemos Andalucía, más de que la dirección de Izquierda Unida.
Recuérdese que al día siguiente de conocerse la sentencia, Teresa Rodríguez exigió la dimisión de Díaz como diputada, mientras que Inmaculada Nieto, responsable de Política Institucional de IU Andalucía, mostraba una reacción mucho más templada: “Es algo que incumbe al PSOE; no vamos a pedir cabezas porque no nos compete”. Añadía Nieto que en esta cuestión “no había sintonía” entre IU y Podemos, los dos socios princiaples de Adelante.
Para Adelante Andalucía, equivalente andaluz de Unidas Podemos, “con su decisión de retirar a la Junta de la causa judicial que contaba con inequívocos visos de resultar condenatoria, [Susana Díaz] hizo dejación de la defensa del interés general al que se debía y a la recuperación de los fondos ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar".
Controversia jurídica
Adelante Andalucía hace suya la interpretación más extrema de la estrategia judicial adoptada por el último Gobierno socialista, cuyo recurso de 69 páginas contra el procesamiento de los exaltos cargos en la pieza política –no en las sucesivas piezas desgajadas– firmaban los letrados del Gabinete Jurídico de la Junta Ignacio Carrasco y Victoria Gálvez.
Esta última funcionaria volvía a defender ayer la idoneidad de aquella estrategia procesal, que volvería a repetir incluso “después de haber conocido la sentencia”.
Según declaraciones Gálvez a ABC de Sevilla, aunque la Junta solicitó el sobreseimiento, hizo “reserva de la acción civil, lo que ha permitido iniciar diversos procedimientos de recuperación de fondos a través del Tribunal de Cuentas y en causas que todavía han de ser juzgadas”. En caso contario, sostiene Gálvez y sostenía el recurso, “la reclamación de cantidades tramitadas de forma irregular se habría demorado hasta la existencia de una sentencia firme y en caso de absolución ni siquiera eso”.
¿Dónde está el dinero?
La opinión de la letrada y del propio Gabinete Jurídico al redactar su recurso de 2016 contrasta con las contundentes aseveraciones que Adelante Andalucía hace en su PNL, que no dejan resquicio al debate jurídico y que coinciden casi íntegramente con las realizadas ayer por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.
"Si la Junta de Andalucía –argumenta Adelante– hubiera hecho entonces su trabajo, si hubiera representado a toda la ciudadanía, podría haber tenido la legitimidad para exigir la devolución de hasta el último euro defraudado", pero "ahora, para recuperar todo ese dinero malversado, la Junta de Andalucía tiene que iniciar, uno a uno, los expedientes de devolución, en un proceso que puede dilatarse durante muchos años".
En realidad, la mayor parte del dinero malversado según la sentencia ha ido a parar a los bolsillos de miles de prejubilados de grandes y medianas empresas en crisis. Aun así, en las múltiples piezas separadas, todavía en instrucción y donde sí está personada la Junta, la justicia le sigue la pista a decenas de millones de euros que habrían ido a parar a intrusos, mediadores, aseguradoras, bufetes, conseguidores, empresas e instituciones públicas.
En su ataque a la gestión socialista de los ERE, Teresa Rodríguez y su grupo van más lejos que el propio Gobierno andaluz, que reconoció ayer que, salvo en el caso de los 200 intrusos detectados, los más de 6.000 beneficiarios de las ayudas sociolaborales las cobraron “lícitamente”, y de ahí que la Junta vaya a seguir pagando hasta 2025 los 37 millones de euros que restan por liquidar a dichos extrabajadores.
Una red clientelar
Al reconocer que la mayoría de los destinatarios de las ayudas sociolaborales eran legítimos, el Gobierno andaluz renuncia de hecho a reclamar el dinero ya cobrado –unos 525 millones de euros– por ellos, y así lo dejó ver ayer el vicepresidente Marín, que dijo que la Junta centraría sus esfuerzos en perseguir a los intrusos y a las empresas que cobraron ayudas ilegítimamente. Como Rodríguez, Marín culpó a la estrategia procesal de la Junta cuando la presidía Díaz de la supuesta imposibilidad de recuperar el dinero.
En coincidencia con el discurso que ha venido manteniendo el Partido Popular, entiende Adelante Andalucía que, "con independencia de los recursos ante el Supremo", la sentencia "retrata una época y una manera de operar desde lo público por sucesivos gobiernos del PSOE-A, años en los que la arbitrariedad y el perjuicio al interés general fueron evidentes".
Esas prácticas permitieron al PSOE, según Adelante, "tejer una red clientelar por toda Andalucía" y "fidelizar apoyos sociales y electorales en zonas deprimidas, en las que el desmantelamiento de sus estructuras productivas dejaba a sus habitantes pendientes de la tabla de salvación que el PSOE les lanzaba desde las instituciones autonómicas que por aquel entonces hegemonizaba".