Más problemas judiciales para el PP malagueño. Ayer se conocía el auto de la jueza que se sentará en el banquillo de acusados a la alcaldesa de Ronda y miembro de la dirección regional del PP andaluz, Mari Paz Fernández Lobato, por el llamado “Caso Soliarsa”. La jueza le pide a la regidora que consigne 135.824 euros de fianza y la Fiscalía solicita para Fernández, además de 5 años de cárcel, ocho años de inhabilitación para cargo público.
Ahora, el alcalde de Estepona
Hoy, de nuevo, el Partido Popular malagueño vuelve a estar en el centro de la presunta corrupción y de procedimientos judiciales, tras darse a conocer que la acusación solicita la apertura de juicio oral contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano y 5,5 años de prisión por presunta prevaricación y malversación.
La acusación particular ha presentado ante el Juzgado de Instrucción de Estepona su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano, y Cristina Pulido Bonillo por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El escrito sostiene que el nombramiento de Pulido Bonillo como personal eventual del Ayuntamiento, entre el 13 de febrero y el 31 de marzo de 2023, habría servido únicamente como cobertura formal para el pago de retribuciones públicas sin que existiera una prestación efectiva de servicios. Según la acusación, la investigación practicada durante la instrucción no ha permitido acreditar que desarrollara actividad alguna, ni que dispusiera de despacho, puesto de trabajo, ordenador, correo corporativo o acceso a las herramientas informáticas municipales utilizadas por el resto del personal eventual.
Únicamente acudió al Ayuntamiento para tomar posesión
Entre los principales indicios que recoge el escrito figuran la inexistencia de registros de actividad administrativa, la ausencia de documentos, informes o expedientes elaborados por la acusada, así como las declaraciones de varios testigos y de la propia investigada quien manifestó durante la instrucción que únicamente acudió al Ayuntamiento para tomar posesión del cargo y que posteriormente no desarrolló actividad profesional efectiva.
La acusación también destaca la “relación personal estrecha” existente entre ambos acusados y señala que, antes del nombramiento, el alcalde habría realizado transferencias privadas a favor de Cristina Pulido por unos 21.000 euros para sufragar gastos personales y de vivienda, pagos que cesaron poco antes de su contratación municipal. Asimismo, considera relevante que el nombramiento se produjera conociendo previamente que la acusada iba a someterse a una intervención quirúrgica de carácter estético programada pocos días después.
El escrito mantiene que el Ayuntamiento abonó durante ese periodo un total de 5.276,92 euros netos en salarios, además de las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, elevando el coste total para las arcas municipales a 7.862,89 euros. Aunque el alcalde reintegró posteriormente la cantidad correspondiente al salario neto percibido por la acusada, la acusación sostiene que ese reintegro no elimina el perjuicio inicialmente causado ni excluye la posible responsabilidad penal.
Por estos hechos, la acusación solicita para José María García Urbano una pena de cinco años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos en concurso medial. Para Cristina Pulido Bonillo interesa dos años de prisión y seis años de inhabilitación como cooperadora necesaria en el delito de malversación.
Además, reclama que ambos acusados indemnicen solidariamente al Ayuntamiento de Estepona por el perjuicio económico ocasionado, descontando las cantidades ya reintegradas, y solicita la práctica de diversas pruebas documentales y testificales para el juicio oral, entre ellas la declaración de responsables municipales y trabajadores del Área de Control Externo durante el periodo investigado.
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