Nuevo capítulo del culebrón sanitario andaluz. Si ya en las últimas semanas se ha conocido que los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sentenciaron que la Junta de Andalucía llevó a cabo en el ejercicio de 2021 una contratación de emergencia a dedo abusiva, contraria a la ley y "sin justificación alguna", ahora se ha sabido que más del 92% de los contratos menores llevados a cabo por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla tienen "irregularidades e incumplimientos".
Más de 92% de los contratos, con incidencias
Según publica este martes el diario El País, el informe llevado a cabo por la Intervención de la Administración autonómica, que depende de la Consejería de Hacienda, recoge que de los 1.223 millones de euros destinados por la Junta de Andalucía a través de las ocho centrales provinciales de contratación en contratos menores, el 92,13% cuenta con "irregularidades e incumplimientos" en los procedimientos de adjudicación a dedo.
Entre las incidencias detectadas se encuentran desde el "fraccionamiento indebido" de estos contratos hasta la "no justificación del objeto o la duración" de los mismos para poder hacer uso de esta vía de adjudicación excepcional, que ya han apuntado en sendas ocasiones que se ha utilizado de forma abusiva. De hecho, la mayoría de las adjudicaciones durante 2021 se realizó de esta forma, cuando ya había finalizado el marco especial por la pandemia de coronavirus.
Así, el balance realizado por los interventores es desfavorable y detecta un elevado número de incidencias en todos los ámbitos. En el caso de la contratación menor es más sangrante ya que, como señala Intervención, "se ha intensificado el alcance de la comprobación" por ser el área donde se ha "detectado un mayor número e importancia de incumplimientos de legalidad". En total, se utilizó el procedimiento de excepción para ello por un montante total de 1.223 millones de euros.
A los 458,3 millones en contratos analizados por las auditorías en las centrales de Huelva, Cádiz, Jaén y Córdoba desvelados el pasado mes de septiembre por elDiario.es hay que sumar ahora otros 767 millones de euros correspondientes a Sevilla, Málaga, Granada y Almería, como publica el citado periódico tras tener acceso a los informes. De estos, más del 92% presentan irregularidades.
La Intervención no solo advierte del abuso de este tipo de procedimiento de adjudicación en proporción con la contratación normalizada, sino de los numerosos expedientes en los que se ha fraccionado el objeto de los contratos “disminuyendo la cuantía” de los mismos “eludiéndose así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento”. Esta práctica, señalan, "podría incurrir en un verdadero fraude legal".
En todos los informes desfavorables -en total 18 análisis sobre los contratos ejecutados en 2020 y 2021 para las ocho provincias- se alerta del abuso de la contratación de emergencia, así como su ausencia de justificación, dado que ya había pasado la fase más grave de la pandemia de Covid-19 y una vez derogado el marco legislativo que la amparaba. En este caso, el 76,36% de los expedientes analizados correspondientes a este área presentan incidencias.
La Junta defiende un "aval jurídico"
Hasta ahora, la Junta de Moreno Bonilla ha respondido a estos cuestionamientos alegando que todos los procedimientos cuentan con el “aval jurídico” de los servicios legales de la administración regional así como que todos se han publicado en el portal de transparencia. Sin embargo, cabe señalar en todos los informes de la Intervención se afea al Gobierno andaluz la falta de publicidad de las adjudicaciones de algunos contratos de emergencia o su ocultación al Consejo de Gobierno.
Pero el presidente de la Junta de Andalucía ha ido más allá y la pasada semana esgrimió en sede parlamentaria preguntado por este asunto que había un elevado volumen de contratos menores suscritos por el anterior Gobierno socialista cuando no había pandemia. Así, cargó contra el líder de la oposición, Juan Espadas, a quién cultó de emprender un alto número de adjudicaciones a dedo cuando estaba al frente de la Consejería de Vivienda o incluso como alcalde de Sevilla.
De lo que no habló fue del posible fraude, como advierten los informes de la Intervención, en el que podría haber incurrido su Gobierno regional al tramitar miles de contratos sorteando "por error o intencionadamente" una prohibición legal. Y es que se llevaron a cabo como contratos menores adjudicaciones que superaban con creces los límites cuantitativos establecidos para su aplicación bajo esta etiqueta.
En Sevilla, de 193 expedientes analizados por 193.993 euros, la Inspección ha detectado 114 casos de troceamiento. Destacan fraccionamientos que sumados ascienden a 3.117.276, 48 euros, firmados con la empresa Roche Diagnostics, pero también hay adjudicaciones realizadas a Boston Scientific, Johnson & Johnson, Bausch & Lomb o Medtronic Iberia en las que el volumen de facturación “es tan extenso porque supera los 1.000 registros” que el sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos "no emite el listado correspondiente".
En Granada, varias de esas empresas también resultaron adjudicatarias de múltiples contratos que, sumados, exceden con creces ese límite. En el caso de Medtronic Iberia existen 5.917 registros por un importe de 7,4 millones de euros en contratos de suministro de material sanitario o 2.554 registros por una cuantía de más de cuatro millones para la entrega de prótesis de implante quirúrgico.
En el caso de Almería, la intervención llama la atención sobre el fraccionamiento del gasto para el suministro de tóner para impresora por un importe de 46.585 euros; o en distintos servicios de cátering, como el contratado con Juan Antonio Segura García por más de 148.500 euros. "Se han detectado gastos por el mismo servicio en 132 expedientes más y por tanto no debería tramitarse como contrato menor, sino instrumentarse como un expediente de contratación con alguno de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público", señala Intervención.
Cabe señalar que el órgano fiscalizador de la Administración regional ha dado un plazo de seis meses para que la administración aplique sendas recomendaciones -como "respetar las normas de publicidad y los principios de libre concurrencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa”- y de no cumplirse podrá emitir un informe de actuación, que es indiciario de evidencia de posibles elementos delictivos.
Ante toda esta información, se han sucedido las críticas por parte de la oposición, pero también las primeras medidas judiciales. Y es que el PSOE ha interpuesto una querella, admitida ya a trámite por un juzgado de Sevilla, para que se investiguen los contratos de emergencia también entre 2021 y 2023, y están estudiando ampliarlas con los informes desfavorables de la Intervención. A juicio de los socialistas, esto es un ejemplo más de las "contrataciones delictivas del SAS".