El responsable de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), Miguel Delgado, ha remitido un nuevo escrito a la Fiscalía General del Estado, de la que es titular el fiscal Álvaro García Ortiz, y a la Comisión de Transparencia, por la vivienda que la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, posee en la playa de O Con (Moaña) y que se encuentra en dominio público marítimo-terrestre.
Después de denunciar los hechos ante el primero de los organismos y la Fiscalía gallega en denuncias que contenían los nombres de la propia Cárdenas, el presidente del PP en su condición de aforado y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, el responsable de la organización pesquera se vuelve a dirigir a los órganos judiciales para continuar poniendo pie en pared contra la situación de un inmueble que, tal y como quedaba patente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de noviembre, tiene al menos una parte de su construcción en un terreno donde no podría estar al ser catalogado como servidumbre de paso.
Delgado lamenta en este nuevo escrito que la edil primera de Moaña “ha emitido un oficio fuera de plazo” -se refiere a la fecha 23 de enero de 2025-, un hecho que asocia con un “intento de desvincularse de las actuaciones y documentos que contradicen las normativas de transparencia”, a lo que le añade el cobro de tasas.
Denuncian interferencias para obtener información
En la misma línea, apunta el firmante del documento, el Concello de Moaña “impone reiteradamente el pago de tasas, en abierta vulneración de la Ley de Transparencia” con el pretexto de “evitar el acceso a los expedientes administrativos”, negando con ello "incluso el acceso al documento de alegaciones del trámite de audiencia de Eva Cárdenas”.
“Este comportamiento ha sido ya advertido en el expediente RSCTG 106/2021 por la Comisión de Transparencia de Galicia, que señaló las consecuencias legales del incumplimiento de la Ley de Transparencia, sin que el Concello haya respondido ni cumplido a día de hoy”, añade el texto que también se refiere a las reiteradas peticiones de denuncia y demolición de las ilegalidades afectadas en la finca de la administradora de la inmobiliaria Niebla Azul, lo cual “también ha sido deliberadamente ignorado por el Concello”.
Defensa del Ayuntamiento
El concello ha respondido que toda la documentación necesaria para la realización y el mantenimiento de esta área de la vivienda constaba en varios expedientes (la respuesta consistorial también queda adjuntada en la documentación remitida a la Fiscalía). Sin embargo, Delgado remarca la decisión del Gobierno Central en tanto en cuanto Costas reclamó la recuperación de parte de la parcela para su uso público.
En concreto, lo publicado en el BOE y el anuncio del Servicio Provincial de Costas vienen a confirmar la imposibilidad de acceso a 210 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la Playa de O Con debido a construcciones realizadas sin los pertinentes permisos que incluyen un muro transversal de bloque de hormigón de 5,5 metros de largo y otro de contención con una puerta de acceso cerrada.
El chalet es empleado con frecuencia por el que fuera presidente de la Xunta cuando acude a su comunidad natal, pero es propiedad de Cárdenas, quien lo adquirió una vez que el cierre ya estaba hecho, pese a lo cual intervino recientemente en el área con una renovación de la puerta que da acceso directo al arenal y que ahora disfruta de los mismos acabados que el resto de los elementos de la vivienda.
Ley de Transparencia
Con todo ello, Delgado pide a los organismos a los que se dirige que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de Transparencia por parte del Concello de Moaña y emplazan a la edil primera de dejar de “imponer tasas contrarias a la normativa vigente”.
Precisamente sobre las cuestiones que tienen que ver con la transparencia pide también Delgado que “se investigue el incumplimiento reiterado de las obligaciones de acceso a la información pública por parte del Concello”, que “se adopten medidas sancionadoras frente a los responsables del incumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia” y que “se garantice la puesta a disposición de los documentos solicitados sin coste alguno y por vía electrónica”.
Para sus reclamaciones, Pladesemapesga se ampara en los artículos 17 y 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, según los cuales “la información pública incluye todos los documentos en poder de la Administración que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”, por lo cual “todas las personas tienen derecho a acceder a esta información sin restricciones arbitrarias”, incluyendo el cobro de tasas “injustificadas”.