Corría el año 2018 cuando Virginia Torres era sancionada por estacionar un vehículo familiar en una zona regulada utilizando la tarjeta de movilidad reducida (PMR) de su madre, que había fallecido un año antes. Se trata, nada menos, que de la actual subdirectora de Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Si bien el hecho tuvo lugar en la época en la que Manuela Carmena estuvo al frente del Consistorio de Cibeles -por aquel entonces el tema se trató de puertas hacia dentro y no pasó a mayores-, con la llegada de José Luis Martínez-Almeida, su nombre alcanzó el puesto que todavía ostenta a día de hoy, cuatro años después de que se produjera el ascenso bajo color ‘popular’.
Lo que más llama la atención es que la protagonista de estas líneas se encarga, precisamente, de supervisar a los agentes que, entre otras cuestiones, gestionan infracciones como la que ella cometió y que, según cuentan sindicatos al diario El Mundo, podría constituir un delito.
La infracción ocurrió en la calle de Guatemala de la ciudad, justo en la puerta del Área de Movilidad del Ayuntamiento madrileño, y fue una operaria del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) quien la detectó. Después, fueron los agentes de movilidad quienes sancionaron a Torres, por aquel entonces consejera técnico, cuando se percataron del uso indebido de la mencionada tarjeta al darse cuenta de que el vehículo estaba registrado a nombre de su madre.
Lo que peor sienta entre los denunciantes, más allá de la cuestión en sí -de considerable gravedad- es que fue cometida por la persona cuya labor pasa por mantener la legalidad en la circulación. Asimismo, afean el silencio de los responsables políticos que no hicieron nada aún, dicen, conociendo la situación.
Por su parte, el equipo municipal explica que la funcionaria ya comunicó el incidente en su momento al director de Vigilancia y subdirector de Agentes de Movilidad. Con ello, dan el tema por zanjado después del pago de la sanción y la retirada de la tarjeta, sin que existieran consecuencias administrativas mayores.
Polémica en la final de la Champions (2016)
No es la primera vez que la controversia se apodera de Torres, y es que en 2016 cesó como Directora de Emergencias y Protección Civil debido a su actuación en aras de la final de la Champions que aquel año disputaron en Milán Real Madrid y Atlético de Madrid.
Según publicó hace ya casi una década El Confidencial, Torres incurrió en una dejadez de funciones al viajar a la ciudad italiana y, con ello, no ocuparse del dispositivo de seguridad que ella misma había organizado en la capital para mantener el orden en la celebración, dado que, independientemente de quien resultara ganador -fue el equipo blanco-, ésta se habría quedado en la ciudad.
La imagen no pasó desapercibida. Los responsables de las distintas unidades de Emergencias estaban al frente del mencionado dispositivo -especial- conformado por campamentos de campaña, ambulancias, coches patrulla y decenas de efectivos de las fuerzas de seguridad que fueron desplegados en las dos zonas en las que se concentró el grueso de las aficiones. No así la que fuera Directora General de Emergencias, que se trasladó a la ciudad europea para apoyar a su equipo, el Atlético de Madrid, en lugar de quedarse en su puesto para cumplir con su obligación profesional.
También en 2014
Dos años antes ejercía como miembro del tribunal en el que el actual director de la Policía Municipal fue número 1 de la oposición de subinspectores siendo a su vez Director General de Emergencias, Pablo Enrique Rodríguez. Se trató de una oposición muy polémica hasta el punto que se juzgó una denuncia de fraude contra la misma que se ha archivado de forma definitiva.
Más en detalle, Torres accedió al cargo ese mismo año sustituyendo a Rodríguez después de haber formado parte del tribunal que juzgó el proceso. Entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 había operado como asesora de quien sacara el número uno.
Actualmente, no se han producido dimisiones ni anunciado una investigación interna. Ni tan siquiera se han dado explicaciones, según expone el sindicato Progresa, quien denuncia lo ocurrido.