La doble vara de medir del Partido Popular no conoce límites, y el bautizado como ‘caso Koldo’ es otro buen ejemplo de ello. La formación que a nivel nacional lidera Alberto Núñez Feijóo también ha cerrado contratos con una de las empresas que figura en la trama que terminó en última instancia con la salida del que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, del partido.

Se trata de Levantina Ingeniería y Construcción SL, con la que el Ayuntamiento de Benidorm, capitaneado por Toni Pérez -a su vez presidente de la Diputación Provincial de Alicante desde 2023- firmó un acuerdo el 22 de diciembre de 2022 que se formalizaría ocho días más tarde, tal y como ha podido conocer en exclusiva ElPlural.com.

Este periódico ha accedido a la información referida al contrato que se cerró hace ahora algo menos de tres años con el que el Consistorio de la localidad alicantina adjudicó a la firma mencionada el contrato de obra de Musealización integral del Castellum de Tossal de la Cala de Benidorm por importe de 400.994,38 euros.

Fue con fecha de julio de 2024, que la Junta de Gobierno Local acordó proceder a la iniciación del procedimiento de resolución del expresado contrato de obra. Según consta en el mismo documento, éste fue suspendido de manera definitiva por el órgano de contratación a fecha 21 de julio de 2023; una decisión motivada por la imposibilidad de continuar la ejecución de las obras proyectadas porque afectaba a ámbitos y actuaciones arqueológicas surgidas en el transcurso de las mismas. Esto llevaba a que hiciera falta aprobarse un proyecto modificado que contemplase nuevas necesidades.

Así las cosas, el 31 de julio de ese mismo año, el Ayuntamiento del municipio acordó, a instancias del contratista, la puesta en servicio parcial de la obra, y el 11 de marzo del año siguiente, la Junta dio luz verde al proyecto modificado. Ya a pocos días de que diera inicio el verano de 2024 (el 14 de junio de 2024), se dictó auto de declaración de concurso de la sociedad quedando reflejado en un informe de septiembre la situación de insolvencia de la compañía.

Mazón ya contrató con Levantina

Los vínculos del Partido Popular con la empresa valenciana van más allá del alcalde de Benidorm y presidente de la sucursal conservadora alicantina. De hecho, suben en el escalafón hasta para alcanzar la figura de Carlos Mazón. Y es que en octubre y noviembre de 2023, el presidente de la Generalitat concedió varios contratos a Levantina Ingeniería y Construcción SL para algunas infraestructuras autonómicas.

La constructora, que entró en concurso de acreedores el 14 de junio de 2024 por acumulación de deudas, rubricó hasta tres contratos con el Consell de Mazón. Una relación que denota la sintonía con la administración pública. La primera de las adjudicaciones data del 3 de noviembre de 2023, aunque no se oficializaría hasta el día 27, y se centraba en la “reposición del muro de protección del Barranco de la Mota”, en Enguera (Valencia). Una licitación impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que actualmente dirige Vicente Martínez Mus, y por la que se pagó 831.645,77 euros.

El segundo de ellos lo firmó la Conselleria de Sanidad, en el marco de la “reparación de escaleras de emergencia exteriores del Hospital Clínico de Valencia”, por un montante de 524.505,38 euros el 6 de octubre de 2023. No obstante, como en el supuesto anterior, no se formalizó hasta pasados 20 días. Por último, la tercera adjudicación la rubricó, de nuevo, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio por el “traslado de casetas de venta de billetes a la isla de Santa Pola y reposición de servicios portuarios”, a razón de 47.915,90 euros el proyecto. Un contrato que se licitó el 3 de noviembre, aunque en este caso no se registró la fecha de oficialización.

En consecuencia, el Gobierno de Carlos Mazón habría invertido un total de 1.404.067 euros en tres adjudicaciones a Levantina Ingeniería y Construcción SL. Una empresa que figura en el epicentro de la trama Koldo, según los investigadores, y que el Partido Popular ha utilizado como arma arrojadiza contra el PSOE por sus vínculos. El último, de hecho, con la flamante secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, a quien acusan de haber firmado dos contratos con la firma.

Levantina Ingeniería y Construcción

La compañía, con oficina en Alberic y Plaza del Patriarca de València, consiguió contratos con el anterior Ministerio de Transportes que ascendieron a 94 millones de euros.

La mayoría de estos documentos llegaron en unión temporal de empresas (UTE) con grandes constructoras, según proyecta el “listado de adjudicaciones investigadas vinculadas a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC)” que recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado a la causa que investigan a José Luis Ábalos, quien fuera su asesor, Koldo García; además del empresario Víctor de Aldama.

También se sabe ahora que la firma llegó a buen puerto con el equipo de Carlos Mazón y otros rostros del PP en distintas ocasiones. Entretanto, el empresario José Ruz, vinculado a la compañía, negaba el pasado viernes ante el magistrado en el Tribunal Supremo el pago de presuntas mordidas a la trama para lograr adjudicaciones de contratos de obra pública.

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