El activista que destapó las irregularidades del chalet del juez Peinado reclama la nulidad de la Fórmula 1 de Ayuso y Almeida

El activista Fernando Jabonero, principal detractor del chalet que el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, disfruta en La Adrada, también quiere plantar batalla al Premio de Fórmula 1 de Madrid.

El proyecto faraónico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, cuenta con la respuesta negativa de la oposición, de organizaciones medioambientales y a título personal, como es el caso del protagonista de estas líneas.

En este sentido, en un escrito que el activista que pone pie en pared contra el chalet presuntamente en situación irregular del magistrado eleva al Ayuntamiento de Madrid por el circuito; al que ha tenido acceso ElPlural.com, pide su “nulidad, que concierne e la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

Los motivos que esgrime Jabonero pasan, en primer lugar por una “inexistente resolución municipal ordenando la publicación el articulado de las normas urbanísticas, acorde a lo prevenido en el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”. “No existe publicación debida, a efectos de eficacia del Plan General, del articulado de las normas urbanísticas en base a resolución del órgano competente, que es el Ayuntamiento de Madrid y no la Comunidad (…) Por ello, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid es-en este caso- ineficaz, como todas sus modificaciones, y son nulos los actos adoptados en base a su supuesta vigencia”.

El segundo motivo que aporta es que al ser “ilegalmente publicado” y “sin consecuencias jurídicas, incurre de lleno en la causa de nulidad de los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente”. Y en última instancia, indica, “carece de la publicación íntegra del carácter normativo, como es el caso de todos los planos de ordenación, lo que acorde a la Doctrina emanada de sentencia del Tribunal Supremo (TS) desde 1990, supone la ineficacia de ese Plan, de sus modificaciones y la nulidad de los actos dictados en base a su supuesta vigencia”.

Así las cosas, el activista considera que, a la espera de que el equipo de Cibeles publique “debida e íntegramente el contenido normativo del PGOUM97”, el proyecto “no se puede desarrollar y, en consecuencia, “procede declarar de oficio la nulidad de la resolución” y “anular el acuerdo”.

El Consistorio, denunciado por la licencia para el circuito

Esta semana, el Ayuntamiento se ha visto nuevamente presionado por el Gran Premio de Fórmula 1. En su caso, a tenor de una denuncia de Más Madrid, que interponía una demanda en el juzgado contencioso administrativo 27 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por lo que tachan de “pelotazo” urbanístico.

El portavoz en funciones del Consistorio de Cibeles, Eduardo Rubiño, desgranaba los motivos por los que el partido de Rita Maestre formalizaba la denuncia, destacando el carácter “ilegal” de la licencia, así como la “opacidad” y la “falta de transparencia” del Ayuntamiento.

Asimismo, el partido advertía que desde el equipo municipal definen la actividad como temporal y anteponen el beneficio económico, priorizando a éste por encima de la salud. Todo a la vez que pasan por alto las “inaceptables” impactos ambientales, como construir en vía pecuaria, o el “riesgo financiero”.

Cabe recordar que el proyecto, que no iba a costar un euro a los madrileños, ya va por 430 millones de euros -135 correspondientes a la licitación, 294 por derechos de competición y 327.000 euros en patrocinios. Entre otros exabruptos que considera Más Madrid se encuentra que la licencia, supuestamente temporal, vale en realidad por diez años y supone “modificaciones estructurales en IFEMA”.

Última actualización del chalet del juez Peinado

En cuanto al inmueble que el juez Peinado tiene en la localidad de Ávila, Jabonero solicitaba hace meses una serie de documentos, una petición a la que el Ayuntamiento del municipio respondía recientemente, pero no de la forma esperada por el activista.

El Consistorio de La Adrada defendía que la información solicitada era de hace “más de 20 años” y acusaba la falta de personal. En consecuencia, las autoridades del PP -quien gobierna La Adrada- pedía que se “flexibilice el tiempo de cumplimiento en función de las circunstancias citadas”.

Los documentos - copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas (de primera ocupación y la de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina), copia de los acuerdos o resoluciones de la concesión de cada una de las licencias anteriores, y copia de las autorizaciones municipales para facultar las acometidas y, en su caso, evacuaciones, de agua y energía eléctrica- son de obligada entrega según el Comisionado de Transparencia de Castilla y León.