Accedemos a la denuncia del Sindicato de Inquilinos ante Almeida: los dos edificios del centro que alertan de riesgo de derrumbe

El colapso del edificio de la calle Hileras no ha sido una excepción, sino —según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid— una advertencia ignorada. En una denuncia recién presentada ante el Ayuntamiento de Madrid, la organización alerta de que otros dos inmuebles del centro podrían estar en una situación similar: Tribulete 7 y San Ildefonso 20, donde se realizan obras “sin garantías técnicas ni control público”.

El Sindicato asegura haber recibido numerosas quejas vecinales de residentes que llevan meses denunciando grietas, vibraciones, filtraciones y desprendimientos en ambos inmuebles, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo una inspección urbanística efectiva. En el caso de Tribulete 7, la situación ha llegado a tal punto que la Policía Municipal se ha visto obligada a intervenir tras la caída de fragmentos de fachada sobre la vía pública.

“Estamos ante una situación que podría desembocar en otra tragedia evitable. No podemos permitir que se repita un caso como el de Hileras”, señala el escrito presentado por el Sindicato, al que ha tenido acceso ElPlural.com. En su denuncia, se advierte que los trabajos de rehabilitación en marcha podrían estar afectando a la estructura de carga de los edificios, ejecutándose además sin supervisión técnica adecuada y bajo la responsabilidad de empresas privadas contratadas por promotoras.

Privatización del control urbanístico: el papel de las ECUs

El Sindicato apunta directamente al modelo de Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECUs), un sistema que permite a empresas privadas validar proyectos de construcción o reforma en nombre del Ayuntamiento. Estas entidades son contratadas por las propias promotoras para emitir informes técnicos, lo que —según la denuncia— supone una privatización del control público del urbanismo madrileño y un riesgo añadido para la seguridad de las personas.

“El Ayuntamiento no tiene constancia directa de las condiciones reales de seguridad en muchas de estas obras”, sostiene el texto. “La validación por parte de una ECU no equivale a una inspección pública ni a una garantía de estabilidad estructural”. En este sentido, el Sindicato exige que el Consistorio recupere las competencias de verificación e inspección para evitar que el beneficio privado prevalezca sobre la protección vecinal.

Las medidas urgentes que exige el Sindicato

La organización ha solicitado al Servicio de Disciplina Urbanística la adopción de tres medidas concretas e inmediatas:

1. La inspección técnica urgente de los inmuebles situados en Tribulete 7 y San Ildefonso 20, con especial atención a los elementos estructurales y las condiciones de obra.
2. La suspensión cautelar de las obras en curso hasta que se verifique su legalidad urbanística y seguridad estructural.
3. La paralización preventiva de otras intervenciones similares en edificios del centro de Madrid que puedan estar siendo ejecutadas sin garantías o sin autorización expresa.

El Sindicato pide además que el Ayuntamiento informe públicamente sobre las inspecciones realizadas en los últimos meses y sobre el estado administrativo de las licencias en ambos casos. “La prioridad debe ser la seguridad de las personas y la preservación de las viviendas habitadas, no la especulación urbanística”, advierte el documento.

Las vecinas vuelven a denunciar lo que el Ayuntamiento ignoró

El pasado 22 de julio, vecinas de estos edificios interrumpieron el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para denunciar que el gobierno municipal permite demoliciones con familias dentro. Durante aquella protesta, varias portavoces vecinales reclamaron una moratoria de las obras en inmuebles habitados hasta que se garantizara la seguridad estructural.

Las mismas personas participan ahora en esta nueva denuncia, que amplía las quejas presentadas durante el verano y que busca una respuesta formal de Disciplina Urbanística. Desde el Sindicato lamentan que el consistorio haya mantenido “un silencio administrativo inaceptable” pese a las advertencias reiteradas.

Qué puede ocurrir ahora: vías administrativa y penal

Tras el registro de la denuncia, el Ayuntamiento de Madrid tiene la obligación de abrir un expediente de comprobación para determinar si las obras en curso cumplen con la normativa urbanística y si existe riesgo estructural. En paralelo, los vecinos de Tribulete 7 han interpuesto una denuncia en el Juzgado de Instrucción, lo que abre también una vía penal para depurar posibles responsabilidades en caso de negligencia.

El Sindicato reclama que el consistorio actúe “de forma inmediata y transparente”, y que haga públicas las inspecciones y medidas adoptadas. “No se puede jugar con la vida de los inquilinos por intereses inmobiliarios”, advierten en su escrito.