La Fiscalía de Menores ha archivado las diligencias del caso del niño de 9 años presuntamente violado por compañeros de colegio de una localidad de la Sierra de Cazorla, al ser los agresores no imputables por ser menores de 14 años, han informado a Efe fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía. Sin embargo, minoría de edad penal no significa impunidad.
Así lo ha recordado el Defensor del Pueblo andaluz y del Menor, Jesús Maeztu, que ha advertido de que el hecho de los menores que no sean imputables "no quiere decir que los agresores se vayan de rositas".
Centros de internamiento
En los casos de menores que han cometido delitos de importancia, las medidas de internamiento pueden ser en régimen cerrado, semiabierto o abierto, en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias de cada caso.
"Cuando haya certeza de quiénes son los autores, tienen que entrar en un programa de reeducación de abusos sexuales y hay que establecer si las familias deben entrar también. Hacerlos entrar en el Código Penal los convertiría en carne de cárcel", ha subrayado Maeztu, que también ha rechazado endurecer la ley del Menor para casos como este y ha abogado por programas de reeducación para evitar los abusos sexuales.
En manos de la Junta
La Fiscalía ha trasladado el caso a la Junta de Andalucía, que desde las consejería afectadas, atención al menor y asuntos sociales investigan lo ocurrido y tendrán que decidir las medidas necesarias.
Instituciones como la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo y del Menor hicieron ayer un llamamiento a la prudencia y responsabilidad de los medios de comunicación ante la gran presión que están ejerciendo sobre los menores implicados y sus familias. Aunque sin llegar a revelar explícitamente la identidad, algunos medios han publicado datos que ponen claramente en riesgo el anonimato de víctima y verdugos.
El Gobierno andaluz ha sido el más activo a la hora de reclamar "cautela y respeto" para garantizar la protección e intimidad de los menores, tanto de la presunta víctima, un niño de 9 años, como de los supuestos agresores, cuatro compañeros de entre 12 y 14 años de ese centro de la comarca de Cazorla.
Acoso mediático
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aprovechaba una visita a la Línea de la Concepción para pedir a los medios de comunicación "respeto" a la familia del menor y lamentar la "presión mediática desproporcionada" que se estaba produciendo a las puertas del domicilio de la familia. Díaz alertó de que "lamentablemente" ha constatado que "ese respeto no se está dando a la familia".
"Entiendo que hay que informar y es importante que haya transparencia, pero depende de cómo se trate una noticia el impacto sobre la familia será uno u otro, y hoy esta familia se siente mal", dijo la presidenta, que hizo un llamamiento a la "sensibilidad" y la "humanidad" de los medios de comunicación, dado que "hay un acoso importante en las puertas de la casa, en un municipio pequeño".
No al espectáculo
El juez de Menores de Granada Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias ejemplarizantes pero compasivas, ha solicitado también que no se hagan "espectáculos" con este caso. En la misma línea, el Defensor del Pueblo andaluz y del Menor ha pedido a los medios un comportamiento responsable y ha esgrimido que las instituciones que investigan el caso "necesitan un espacio de silencio".
A la necesidad de la reeducación se ha referido también el juez Calatayud, quien ha considerado necesario "dejar claro" que se trata de un hecho "muy poco habitual" y que los colegios son seguros.
La consejera de Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha considerado conveniente que el menor y su entorno recuperen la normalidad, que el niño pueda volver a clase y que "no sienta que, además de la violencia sexual", sufre la presión social.
