Hace no mucho afirmábamos que todos los caminos llegaban a Esperanza Aguirre y que, en el trayecto, se entrelazaban su multitud de ranas. Desde hoy, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya pedido imputar a Cristina Cifuentes en la trama Púnica por prevaricación y cohecho en la adjudicación de los servicios de la cafetería de la Asamblea de Madrid, podríamos empezar a afirmar que se descubren nuevos caminos que presuntamente llevarán a la nueva lideresa: Cifuentes.
Aunque fueron varias empresas las que presentaron sus proyectos para conseguir la explotación de los servicios de cafetería, comedor y restaurante de la Asamblea de Madrid, finalmente la elegida fue el Grupo Canto Blanco de Arturo Fernández, amigo de la infancia de Esperanza Aguirre.
¿Casualidad? Los investigadores creen que no y lo relacionan con la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid y de la campaña electoral de 2007.
Y es que, Cifuentes no ha sido señalada este martes sólo por la UCO. En sus declaraciones ante los agentes, los responsables de la otra empresa que se presentó para llevar la cafetería de la Asamblea hablan de irregularidades o aseguran que se les puntuó negativamente manipulando sus proyectos.
ELPLURAL.COM ha tenido acceso a las actas de declaración de los representantes de estas empresas que declararon como testigos ante los agentes de la UCO. En dicho documento, se puede ver como un trabajador de la empresa CLECE S.A asegura que “no pudieron acceder a la Asamblea a ver las instalaciones para preparar la oferta”, “que la prepararon a ciegas sin ver la realidad” y que no le consta que ningún miembro de la empresa estuviera presente en la mesa de contratación para defender el proyecto.
Es más, son los propios agentes de la UCO los que le descubren a la empresa que su proyecto fue valorado en algunos puntos con un “cero” alegando que no habían presentado ideas para mejorar detalles de la cafetería de la Asamblea. Ante esto, la empresa asegura que no lo sabían y que es incierto, que sí se presentó esa documentación.
Además, la UCO destaca que esta empresa “con experiencia”, según sus trabajadores, fue penalizada y descartada mientras que, en otros años, otra empresa sin experiencia consiguió 25 puntos del total de 30 que se pueden obtener.
Otro de los testigos asegura que nunca “llegaron a ver el informe del comité de expertos” para entender porque no fueron los elegidos y que se “invetó” una “vara de medir” diferente que les pudo dejar fuera. “En otros concursos, s se inventan otra vara de medir toman medidas al respecto”, dijo.
Cifuentes, señalada por otros acusados
Además, funcionarios y otras figuras también imputadas en el caso han coincidido en un punto: Cifuentes era la que decidía, organizaba y mandaba. Ellos sólo ejecutaban.
Así, por ejemplo, cuando los agentes e investigadores de la UCO interrogaron a María Virtudes Merino (jefa de protocolo de la Asamblea, miembro del comité de expertos e imputada) esta aseguró que para valorar los proyectos de las diferentes empresas que se presentaron al concurso para gestionar la cafetería de la Asamblea, se hizo una reunión “muy corta" y "meramente expositiva".
Dicha reunión se celebró en el propio despacho de Cifuentes y en ella, según Merino, la otra empresa que luchaba por conseguir el contrato presentó sus ideas, aunque no sirvió para nada. Nunca se llegó a deliberar para poner en común los pros y los contras de cada propuesta y empresa. "No había nada que discutir", porque la decisión estaba tomada. La adjudicación era de antemano para el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández.
Por su parte, el también imputado y funcionario Isaac Zubiri, relató cómo fue él el que escribió el informe en el que se valoraban las empresas que optaban al contrato. Mantiene que Cifuentes le dijo que hiciera las modificaciones pertinentes y que se firmará el acuerdo.
Más detalles de la supuesta financiación ilegal
Aunque el juez Eloy Velasco ha rechazado de momento imputar a Cifuentes, con su petición, la Guardia Civil ha selañado a Cifuentes por la financiación irregular del PP madrileño relacionada con la Púnica.
Según la UCO, Cifuentes era la presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid y, como tal, habría mediado para que la contratación de la cafetería fuera para Cantoblanco.
En aquella época Cifuentes también pertenecía al patronato Fundescam, y aquí es donde está la clave: Cantoblanco, que se llevó la adjudicación, habría dado anteriormente 160.000 euros a Fundescam, un dinero que se usaría para financiar la campaña electoral del PP en los comicios autonómicos de 2007. Un circulo claro y evidente que se cierra con un último puesto ocupado por Cifuentes: también era miembro del comité de campaña del PP regional para esas elecciones.
