Finalmente, después de que lo pidieran las acusaciones populares (IU y ADADE) y se sumase la Fiscalía Anticorrupción, después de que Francisco Correa cantase una vez sentado en el banquillo y diera nuevos datos y posibles pruebas, la Audiencia Nacional ha pedido la reapertura del caso que investiga una supuesta caja B en el Partido Popular.
La investigación e instrucción de este caso ya había finalizado, estaba cerrada y pendiente de que se pusiera fecha de inicio al juicio oral, pero las últimas revelaciones de Correa abrieron nuevos caminos. Por ello, el juez de la Mata ya ha ordenado volver al tramo de instrucción para poder comprobar estas nuevas vías. Lo ha hecho en un auto al que ELPLURAL.COM ha tenido acceso.
¿Un 3% en el PP?
Y es que, entre sus últimas palabras ante el juez, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, aseguró que durante los gobiernos de José María Aznar se desarrolló una trama en la que se aseguraban una comisión del 3% a cambio de adjudicar obras públicas a empresas como OHL, ACS o Dragados.
Tal y como explicó, el extesorero Luis Bárcenas era el encargado de mediar entre los ministerios tanto de Agricultura y Medio Ambiente, como de Fomento con estas empresas. Para asegurarse contratos, las compañías pagaban una comisión que se repartía entre tres comensales: el propio Bárcenas, Correa y el Partido Popular.
Aunque ACS anunció medidas legales contra Correa y Bárcenas negó ante el juez la existencia de esta trama, de la Mata ve conveniente volver a investigar y comprobar si estos datos pueden suponer nuevas pruebas para demostrar si existió o no una caja B en el PP.
Por ello, José de la Mata ya ha citado a declarar en calidad de imputados al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo como gerente de la constructora Hispánica, que admitió que había pagado comisiones a cambio de contratos públicos dentro de la Gürtel; y a Plácido Vázquez, el empresario que, supuestamente, pondría en contacto a Bárcenas con las empresas. Todos, tendrán que declarar entre el 23 y el 24 de marzo.
Suma de peticiones
La decisión de este martes del juez de la Mata es el punto y final de una serie de peticiones para que este caso se reabriera. Como adelantó ELPLURAL.COM, las acusaciones lo pidieron tras las revelaciones de Correa sobre comisiones y, poco después, se unió la Fiscalía Anticorrupción pidiendo la imputación del que fuera dueño de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y de Correa.
Así, el pasado 3 de febrero, el fiscal del caso presentó su informe pidiendo nuevas investigaciones.
La denuncia de ACS
ACS dio instrucciones a sus abogados para que, con carácter inmediato, presentaran una querella criminal contra Correa. Según explicó el grupo que preside Florentino Pérez, “ante la gravedad de estas denuncias” era necesario aclarar que son “notoriamente falsas, pues ni ACS ni Dragados (que se integró en el Grupo ACS en diciembre de 2003) han pagado al Sr. Correa o a cualquiera otra persona para que se hicieran adjudicaciones a su favor ya sea en el Ministerio de Fomento o en el de Medio Ambiente o en cualquiera otro”.
Por ello, pidieron a Correa que presentara las pruebas para demostrar sus palabras. “La dirección de ACS sería la primera interesada en saber quién, cómo, cuándo y a quién se han hecho los pagos que dice el Sr. Correa”.
