El Partido Popular aspira a que la Audiencia Nacional le devuelva 1,2 millones de euros que pagó como fianza para cubrir las futuras responsabilidades del caso de la caja B, derivado del caso Bárcenas. Así lo ha pedido su abogado en un escrito que este lunes publica eldiario.es Lo más llamativo del caso es que, aunque el juez tendrá la última palabra, primero tendrá que pronunciarse el nuevo fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, un fiscal muy cómodo para el PP cuyo nombramiento exprés salió de lo que la oposición ha calificado como purga de fiscales.

El PP ha presentado esta petición en un escrito de adhesión al que firmaron en enero los abogados de Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede de la formación en la calle Génova y que presuntamente fue pagada con dinero negro. Los conservadores se suman a la tesis de esta empresa, cuyos directivos son “amigos” de Mariano Rajoy, según el presidente del Gobierno puso en una foto dedicada a ellos, según la cual basta con las fianzas que pagaron los trabajadores de Unifica para cubrir las responsabilidades que surgieran del proceso.

El PP reclama a la Audiencia Nacional que deje “sin efecto” la fianza presentada o, lo que es lo mismo, que le devuelva 1,2 millones de euros. Esta petición ahora requiere el informe previo de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige Manuel Moix y se presentó el día 22 de febrero, el mismo día que se propuso el nombramiento del fiscal.


Manuel Moix, como fiscal de la Comunidad de Madrid, entrega la memoria de la fiscalía a Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional. EFE

Un nombramiento, además, que se hizo de manera exprés porque, si el miércoles se elevaba la propuesta de nombramiento por el Consejo Fiscal, el viernes era aprobado por el Consejo de Ministros. Una premura que contrasta, por ejemplo, con el del nombramiento que el Consejo General del Poder Judicial hizo en enero, para ocupar una plaza en la sala primera del Tribunal Supremo y que, dos meses después, aún no se ha oficializado, como recuerda el citado diario.

La coincidencia de la petición del PP con el nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción es llamativa, habida cuenta de la fama de amistad que une a ambas partes, a quien sus compañeros califican como fiscal “fácil”. Y que el cargo le fue entregado pasando por encima de otros seis candidatos, aunque él era el único que nunca había trabajado con Anticorrupición.

En su trayectoria al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid destaca que fue el fiscal encargado del caso de la huida de Esperanza Aguirre por la Gran Vía tras aparcar en el carril bus y llevarse por delante la moto de un agente de movilidad. Frente al criterio de la acusación popular y, sobre todo, del juez, Moix defendió a capa y espada que no se trataba de un delito de desobediencia civil, sino sólo una falta. Y también fue muy útil para Aguirre por su empeño en pedir una y otra vez que se archivara el caso de los espías que afecta a su pasado como presidenta de la Comunidad de Madrid.

También tomó varias decisiones que fueron favorables para dos personajes que acaban de ser condenados a penas de prisión: Miguel Blesa y Rodrigo Rato. En lo que respecta al primero, fue su Fiscalía la que denunció al juez Elpidio Silva por enviarle a la cárcel, acusando al magistrado, que por este proceso está inhabilitado por 17 años, de “retardo malicioso” y de “anteponer su voluntad al derecho”.

Sobre Rodrigo Rato, él estuvo detrás de la detención del exvicepresidente, que sirvió como golpe de efecto al Gobierno. Y todo mientras se enfrentaba a Anticorrupción, porque el órgano que él dirige ahora creía que la investigación de la Agencia Tributaria por blanqueo de capitales era “embrionaria”. Es más, la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ha sido cesada por no plegarse a las presiones del ministro de Justicia, le quitó el caso Rato para dárselo a Anticorrupción.

Moix tampoco ha perdido tiempo para hacer manifestaciones políticas, como cuando cargó contra el 15M por "exteriorizar su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática". O como cuando se opuso a que se dejara en libertad a los detenidos durante las Marchas de la Dignidad que llegaron a Madrid desde toda España para oponerse a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy: "No se puede permitir que personas tan violentas estén en la calle y puedan seguir delinquiendo".