A una semana de que arranque el XVIII Congreso del PP, un acto más que importante, uno de los pesos fuertes dentro de dicho Congreso y del Partido Popular vuelve a estar señalado por la justicia.
Hablamos de Pedro Antonio Sánchez, el presidente de la Comunidad de Murcia, que, más que señalado, se podría decir que está cercado por su supuesta implicación en la trama Púnica. Los tentáculos de este caso de corrupción con epicentro en Madrid son alargados, y han llegado hasta el PP de esta comunidad.
En sólo un párrafo, el juez Eloy Velasco ha mandado una providencia con la que exige a la Fiscalía Anticorrupción que le entregue "a la mayor brevedad" posible los informes sobre el presidente murciano y la senadora Pilar Barreiro, documentos que podrían demostrar definitivamente su implicación en la Púnica.
Concretamente, en la providencia a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM se puede ver como Velasco se impacienta. Cree que ha pasado demasiado tiempo desde que se inició la investigación y, por eso, pide tener dichos informes para poder “elevar las posibles exposiciones razonadas sobre personas aforadas en la pieza separada” por la contratación de determinados empresarios a cambio de comisiones.
Ya en mayo de 2016, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil envió un informe al juez Eloy Velasco en el que pedían la imputación de Sánchez y Barreiro por delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
En este escrito se probaría la relación de los dos cargos del Partido Popular murciano con el empresario Alejandro de Pedro, conocido conseguidor de la trama Púnica, y al cual habrían contratado con dinero público para mejorar su imagen en las redes sociales. En la etapa en la que el ahora presidente era consejero de Educación contrató a De Pedro en 2014 para este menester y le pagó con dinero público, cuando debió de asumir el pago el Partido Popular.
Suma y sigue
Este jueves, caía otro valapalo judicial sobre el presidente de Murcia. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) decidía asumir el caso Auditorio que investiga un caso de presunta corrupción urbanística donde también estaría implicado Pedro Antonio Sánchez, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó ese edificio.
Así, se investiga unos presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos con respecto a Sánchez.
