No es broma. La ministra de Defensa, diputada nacional por Toledo, presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general de la misma formación, María Dolores de Cospedal, se va a gastar 420.000 euros del erario público en la construcción de un barrio árabe en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete), que se utilizará como escenario para el adiestramiento de los ejércitos en combate.

La noticia no dejaría de encuadrarse dentro del esperpento nacional si no fuera porque, paralelamente a esta delirante construcción, la lideresa permite que la empresa que ella misma contrató para vigilar el Museo del Ejército, sito en el emblemático edificio del Alcázar de Toledo, continúe prestando estos servicios a pesar de haber sido condenada hasta en dos ocasiones, a instancias del Ministerio de Trabajo, por aplicar políticas laborales “contrarias a derecho y no reunir los requisitos de legitimación recogidos en el Estatuto de los Trabajadores”, señala la sentencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

No tiene permiso para armas

De ahí que CCOO inste al Ministerio de Defensa a rescindir de inmediato la contrata con Marsegur, que tampoco tiene permiso del Ministerio de Interior para acceder a las armas del armero de la seguridad del Alcázar.

Según el sindicato, sus vigilantes prestan servicio desarmados, incumpliendo así de forma flagrante el pliego de condiciones de la contrata. Además, la empresa está empleando como vigilantes a varias personas que carecen de la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior, incurriendo en intrusismo laboral ya denunciado por CCOO ante la Delegación del Gobierno (en manos de un fiel servidor de Cospedal) y ante el departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Condenada a costas por mala fe

En este sentido, Carlos García, responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción, asegura que “asombra que el Ministerio de Defensa concediera la contrata de la vigilancia del Museo del Ejército a una empresa cuyos dos últimos convenios colectivos fueron impugnados por el Ministerio de Trabajo y anulados por la Audiencia Nacional”. Y es que la última sentencia de la AN, del pasado 5 de mayo, no sólo declaró contrario a derecho el convenio colectivo que Marsegur pretendía que sustituyera al que ya le fue declarado nulo un año antes, sino que además impuso a la empresa una sanción de 6.000 euros y la condenó a costas por mala fe y temeridad.

“El capo de la seguridad privada”

Pese a las sentencias, la empresa continúa aplicando el convenio colectivo anulado por la AN, con la considerable merma salarial y grave deterioro laboral de los vigilantes, que también pretendió aplicar en las dependencias del Gobierno de Castilla-La Mancha, organismo que cuando comprobó que la empresa  cambió a la baja los salarios y las condiciones de los vigilantes que venían prestando ese servicio decidió rescindir de inmediato la contrata con Marsegur, empresa que al igual que Sinergias pertenecen a la órbita patronal de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y conocido como el “capo de la seguridad privada en España”, subraya el sindicato.

“Báñez tiene calada a la empresa”

CCOO denuncia que los bajos sueldos y las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores permiten a estas empresas acudir a los concursos “tirando los precios”, dice García Montoya, al mismo tiempo que pide a Cospedal que compruebe todos estos hechos y rescinda de inmediato el contrato con Marsegur.

“Parece mentira que, con lo calada que tiene a esta empresa la ministra Báñez, la ministra Cospedal la siga favoreciendo con sus concesiones”, añade, “parece mentira que el ministro Zoido no tenga habilitada a Marsegur para coger las armas del armero del Alcázar y que a Cospedal le dé lo mismo que incumpla así el pliego de condiciones; parece mentira que Marsegur emplee como vigilantes a personas no habilitadas por Zoido, y que Cospedal siga pagando todos los meses a esta empresa; con el dinero de todos nosotros, claro, no con el suyo”.

Construir para luego destruir

Pero la ministra tiene otras preocupaciones “más importantes” que proteger los derechos laborales de los trabajadores. Y una de esas preferencias hay que localizarla en Albacete donde el Ministerio de Defensa ya ha licitado por valor de 421. 421.696 euros la construcción de un barrio árabe que contará con un centro comercial, un edificio de tres plantas, una zona nueva con cinco viviendas, además de una mezquita.

Ninguna de estas construcciones contará con suministro de agua o luz ya que su función última será la de la formación militar, o lo que es lo mismo, será el escenario para el adiestramiento de los ejércitos en combate que recogen, entre otros ejercicios, prácticas de tiro, maniobras con explosivos, lanzamiento de granadas de mano y ejercicios tácticos de actividades y fuego real. Es decir, Cospedal construirá estas instalaciones para luego destruirlas.

“Recrear el bombardeo de civiles”

Construcción que ya ha recibido su primera crítica de la mano del coordinador de IU de Albacete,  Cristian Ibáñez, que considera que dicho campo de tiro conlleva “recrear la invasión y bombardeo de zonas civiles”, además de ser “una auténtica provocación xenófoba y fomentar el enfrentamiento entre civilizaciones”. Ibáñez cataloga de “insultante y provocación” que se planee levantar un “centro comercial, un edificio de tres plantas, una mezquita y una nueva zona de edificios con cinco viviendas”, y se pregunta si entre las misiones del ejército español está “el arrasar zonas llenas de civiles inocentes".

El coordinador de la coalición de izquierdas lo tiene claro: “este parece ser el único tipo de inversión que es capaz de atraer a Albacete la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien de embajadora de los recortes de todo tipo de servicios públicos ahora ha pasado a planificadora de la invasión militar de zonas civiles”, concreta.