Por mucho que Esperanza Aguirre se empeñe en repetir una y otra vez que fue ella la que destapó la trama Gürtel, la realidad es que fue otro popular. Gran parte del caso se sustenta en las grabaciones que presentó el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas.

Pues, aunque parezca mentira, sobre todo teniendo en cuenta su historia de amor y ruptura tormentosa entre ambos, este miércoles el Partido Popular y Luis Bárcenas se han puesto de acuerdo en relación a estas grabaciones. ¿En qué? En conseguir que no se siga celebrando el macro juicio de la Gürtel.

El PP ha pedido al tribunal del caso que anule el juicio porque, según alegan, durante la instrucción se cometieron un cúmulo de irregularidades. Por ello, el abogado del partido, Jesús Santos, se ha sumado a una petición ya presentada por el extesorero del PP y otras defensas en la que pedía que se tomaran como nulas las escuchas que Peñas presentó a la Fiscalía Anticorrupción.

Y van un paso más allá al considerar también ilegales las grabaciones del exmagistrado Baltasar Garzón, el primer instructor del caso. Hablamos de esas grabaciones en las que se podía oír a los principales imputados en prisión hablando con sus abogados, una autorización que acabó con Garzón inhabilitado.

Ahora Santos las ha calificado como "uno de los mayores atentados al Estado de Derecho, que recuerda a los estados totalitarios". Aunque no se han tenido en cuenta como prueba, el abogado del PP asegura que ya estaban en el conocimiento de los investigadores de la UDEF y, por lo tanto, influyeron en sus conclusiones.

Un intento más de frenar el juicio

Esta unión a la petición de Bárcenas se podría definir como la última maniobra a la desesperada del PP y otros acusados para evitar que se celebre el juicio. Ya lo intentaron con la recusación del único juez progresista de la causa. José Ricardo de Prada era el juez que molestaba dentro del juicio.

Como hemos ido contando en ELPLURAL.COM, primero lo intentaron asegurando que De Prada y Garzón eran “amigos íntimos” y que había intereses en que fuera él el que juzgara lo que el otro empezó.

Si hubieran conseguido apartar a De Prada, el juicio no habría desaparecido pero, por lo menos, habrían conseguido retrasarlo varios meses. Tanto que fuentes jurídicas aseguraron a ELPLURAL.COM que se habría empezado en 2017 y no este pasado martes 4 de octubre.

El PP como responsable civil

Por primera vez en la historia de la democracia, un partido político, el PP, esta imputado en un caso. De hecho, el Partido Popular aparece está acusado responsable civil como beneficiarios a título lucrativo: Es decir, se cree que el partido se habría beneficiado directamente de las corruptelas desarrolladas en Majadahonda y Pozuelo.