La alcaldesa de Guijo de Coria (Cáceres), Cristina Vicente Paule, ha sido condenada a un año y diez meses de prisión y a una inhabilitación de dos años y un día para empleo o cargo público por la compra de votos a cambio de puestos de trabajo en el Ayuntamiento.
El Juzgado de lo Penal nº1 de Plasencia ha publicado la sentencia contra la regidora, que en el momento de los hechos era alcaldesa del PP y ahora pertenece a un grupo independiente, donde se destaca que ofreció personalmente a un trabajador del Consistorio el seguir en su cargo si él y su esposa votaban por el Partido Popular.
Lo mismo hizo con otro trabajador, al que le ofreció contratar a su pareja sentimental a cambio de su voto y el de su madre, según El Mundo. Finalmente, después de las elecciones esta persona pasó a trabajar como peón de limpieza.
La alcaldesa se aseguró de que sus negociados funcionaban a base de obligar a los trabajadores a votar por correo delante de ella, "lo que le permitía a la acusada asegurarse de que recibía los votos pues las papeletas debían introducirse en el sobre en su presencia".
Fue el candidato socialista, Iván Álvarez Alonso, quien denunció la compra de voto, aunque la Fiscalía sólo acusó a la regidora de delito electoral por el segundo caso, aunque la condena haya sido por los dos casos.
En 2011, tras los hechos, el PP ganó las elecciones por 131 votos (4 concejales) a 91 (1 concejal para el PSOE). Y la alcaldesa siempre ha acusado al PSOE de organizar “un complot en su contra” para echarla del cargo que lleva ocupando nueve años seguidos. El último año, como independiente, después de que el PP le suspendiese de militancia en 2015.
En el primer caso, el trabajador contratado dijo en el juicio que la alcaldesa se puso en contacto con él y luego le invitó a su despacho para preguntarle a qué partido votaría. Y le amenazó con que "si no votaba al Partido Popular tendría que prescindir de sus servicios en el Ayuntamiento".
Este afectado no le dio importancia a esta charla, hasta que el Ayuntamiento no le contrató para arreglar el alumbrado público tras una tormenta. Fue entonces cuando la alcaldesa se reunió con él “en la clandestinidad” para explicarle cómo votar por correo. Además, se aportó una grabación de la conversación entre la alcaldesa y el afectado y en ella se la escuchaba apelar a este sistema de voto “porque es la única forma que sé que me vas a votar”. "Yo te digo que tú trabajas. Tú a mí me das el voto por correo, tú y tu mujer, y en cuanto te llega a ti el sobre con la documentación, me la entregas, que yo la abra, que yo sé que tú me has votado a mí y esto que se queda entre nosotros y no va a quedar entre nadie más. Tú sigue haciendo mantenimiento eléctrico", añade la regidora.
No es el único caso de delito electoral relacionado con el PP extremeño. Antonio Galván, senador del PP y alcalde de Calzadilla de los Barros, está imputado por haber empadronado a 63 personas de manera irregular justo antes de las municipales de 2011.
El presunto amaño de votos, denunciado por el PSOE local, consistía en ofrecer trabajo en el Ayuntamiento a cambio de que esas personas se inscribiesen en casas particulares, sin conocimiento de los dueños. Uno de los censados sobrevenidos, Francisco Javier Pagador, reconoció que “das tu voto a quien te da trabajo, y a mí me llamaron para hacer varias obras en el pueblo”. Los nuevos vecinos venían de un pueblo vecino, Fuente de Cantos, que ante la fuga de habitantes se alarmó, ya que estaba viendo reducidas las subvenciones que le correspondían del Estado.
