Venimos escuchando y leyendo las últimas semanas sorprendentes declaraciones desde diversas instancias del Partido Popular acerca de la agónica situación por la que atraviesa Radio Televisión Española (RTVE). Mariano Rajoy, todavía presidente en funciones, declaró sin rubor en la propia TVE que quería una radiotelevisión pública a imagen y semejanza de la británica BBC. Claro, que esas lágrimas de cocodrilo las dejó caer en plena campaña electoral y después de cuatro años de mayoría absoluta en los que podría haber hecho lo posible por cumplir su sueño.., si es que en realidad lo hubiera tenido.
Del dicho al hecho
Pero los hechos son contundentes, y una de las primeras decisiones de su Gobierno, muy al comienzo de la legislatura y vía real decreto ley (recurrido ante el Constitucional y pendiente de resolución) consistió precisamente en atacar al modelo BBC, ese que dice que los medios públicos deben ser independientes y no controlados por el partido del Gobierno ni por el Gobierno, sino por el Parlamento, y cambió de forma unilateral la forma de elección del presidente; cosas de la mayoría absoluta. Contrariamente a lo que ha sucedido en su mandato, desde 2007, cuando el Gobierno Zapatero presentó su ley de Radiotelevisión, el PP había participado activamente en la elección de todos los presidentes de RTVE. Negoció los nombramientos y dio su votos en el Congreso a Luis Fernández y Alberto Oliart.
Sin embargo, tras llegar a la Moncloa impuso sin el más mínimo rubor a sus candidatos: Leopoldo González-Echenique primero y José Antonio Sánchez después, sin consensuarlos con los principales partidos de la oposición. Diferentes varas de medir que han llevado a una situación de manipulación en la televisión de la que se derivan los cada vez más raquíticos índices de audiencia tanto de los informativos como de la emisión de programas de entretenimiento de la radiotelevisión pública. Una situación de descrédito y casi quiebra económica que ha llevado a que en los últimos días la CNMV, también controlada por la popular Elvira Rodríguez, y la SEPI, propietaria formal de RTVE, en manos del también popular Ramón Aguirre, han lanzado mensajes catastrofistas sobre la viabilidad del grupo de comunicación pública y sobre su independencia editorial. La pregunta que, inevitable, surge en esta situación es ¿quién o quiénes han llevado a RTVE a esta situación de quiebra técnica?
La historia de una descapatilización bien pensada
El Partido Popular ha venido excusándose en la Ley de Financiación que promulgó el PSOE en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que reducía a excepcional la entrada de ingresos en la radiotelevisión pública vía publicidad. Esta aseveración es de un cinismo abrumador. Porque esta ley fue una exigencia, apoyada por el PP, de los grupos privados de televisión que clamaron, insistimos apoyados en las presiones de la dirección de Génova 13, por la competencia que para ellos significaba la RTVE pública entre 2007 y 2010, una empresa que lideraba en audiencias y prestigio los medios de comunicación y perjudicaba, por tanto, las cuentas de resultados de Mediaset y Atresmedia. La entonces vicepresidente del Gobierno socialista Teresa Fernández de la Vega sucumbió a las voces de Mediaset y Antena3, entre las que se incluyó a modo de advertencia su desaparición casi total de sus informativos durante semanas, y acabó por regalarles la tarta publicitaria de la que se alimentaba en gran medida RTVE, a cambio de la paz de estas televisiones con el Gobierno. Ahora no se reconoce, pero los informativos de TVE eran continuamente criticados por el sector más duro del PSOE, encabezados por algún ministro que luego sería secretario general.
La recaudación publicitaria de RTVE rondaba los 600 millones de euros en 2009, último año con publicidad. La mitad de su presupuesto. Un balón de oxígeno que cuando se cortó, llevó a que RTVE perdiera independencia y capacidad de acción, ya que al no poder financiarse tampoco del pago de una cuota de los usuarios, como las televisiones públicas que se alaban con la boca pequeña, volvían a provocar que RTVE dependiera, una vez más, del gobierno de turno. Para mayor inri, esa ley nunca se cumplió de forma completa pues establecía un techo de gasto de 1.200 millones de euros, una cifra no calculada al azar, si no para que la compañía fuera viable a largo plazo, que fue después recortada por el gran sector dentro del PP enemigo de mantener una RTVE competitiva, encabezada por Cristobal Montoro, manostijeras. Además RTVE solicitó desde el principio la devolución del IVA que le era facturado por sus proveedores y que ella no podía imputar, y que suponía otros 124 millones de euros. Hacienda se negó a autorizarla, lo que se convirtió en una de las grandes razones que llevaron a que Luis Fernández dimitiera.
La intención detrás de un recorte
Pero volvamos al principio ¿por qué no se cumplió nunca la ley de financiación? Esta es la clave de todo el problema. La ley establecía un techo de gasto de 1.200 millones que provendrían de la tasa por uso del espacio radioeléctrico, la tasa a las empresas de telecomunicación, la de las televisiones privadas e ingresos propios. Desde el principio todos ellos trataron de eludir sus responsabilidades recurriendo la legalidad de estas tasas y tratando de reducir sus montantes. Resultado, inestabilidad presupuestaria. Pero aún más, la ley establecía que si estas cantidades no se completaban, el Estado debería aumentar su aportación hasta esos 1.200 millones negociados con la desaparición de la publicidad. Lo cierto es que ni en uno solo de los ejercicios los Gobiernos del PP han cumplido esta obligación. Consecuencia de ello los presidentes Alberto O!iart y Leopoldo González-Echenique, siguiendo los pasos de Fernández, acabaron también por renunciar a sus responsabilidades.
La pregunta que surge, inevitable, es ¿por qué este incumplimiento reiterado? Muy claro, reducir la capacidad de maniobra de los presidentes y limitar su independencia presupuestaria para volverlos a hacer dependientes del gobierno de turno y como consecuencia reducir su margen de actuación e independencia editorial.
Al llegar al gobierno, en concreto, los populares redujeron la aportación del Estado en 200 millones en 2012, y 250 millones en 2013. La mayor reducción presupuestaria que sufrió una empresa pública durante la crisis y que supuso el fin de la viabilidad presupuestaria y, de hecho, de la independencia de RTVE, como hemos venido apuntando, por dos vías. Por un lado, por el cambio en la reglamentación para la elección del presidente, ya sin el neceario consenso parlamentario, y por otro, por el ahogo presupuestario. Con estas premisas, llegar al panorama que vive la radiotelevisión pública en 2016 solo era cuestión de tiempo.
Un Consejo de Administración caducado y entregado
Una parte muy importante de responsabilidad en todo este proceso la tiene el Consejo de Administración de RTVE, órgano supuestamente independiente, pero que siempre ha actuado al dictado de los partidos que nombraban a los candidatos. Su inacción y falta de independencia y su afán por controlar hasta casi ahogar la capacidad de movimiento de los presidentes de RTVE en beneficio propio, los convierten en cómplices necesarios, bien por omisión, bien por acción, de la actual situación de RTVE.
Y aquí cabe recordar, por cierto, que cuatro de sus miembros, Rosario López Miralles (PP), Andrés Velasco (PP), Miguel Ángel Sacaluga (PSOE) y Teresa Aranguren (IU) tienen sus mandatos caducados desde 2012. En el caso de los dos primeros, porque siguen siendo la mano ejecutora de los destinos que el PP no ocultó nunca que tiene para RTVE: convertirla en una empresa testimonial dentro del mercado de la comunicación.
La confirmación de un rumor: un nuevo ERE
Y llegamos a la situación actual. La de la etapa final de ese proceso de jibarización de RTVE y su paso a ser un medio intrascendente frente al poder de las dos grandes empresas privadas en el campo audiovisual. En Elconfidencial.com hace sólo unas horas se filtraba, dando ya visibilidad de noticia, a lo que era un creciente ruido político-mediático: la preparación por parte de la SEPI, la gestora de todas las empresas públicas, de un nuevo ERE en RTVE que significará la reducción de 2.000 puestos de trabajo en la plantilla actual.
Independientemente de los errores que los propios trabajadores de RTVE y sus representantes sindicales vienen cometiendo durante lustros, con una falta de flexibilidad de cuya responsabilidad no pueden eximirse, este gesto de parte de la SEPI, que ya consta según Elconfidencial en el primer informe que han elaborado sobre la gestión del ente (que califican de “rígido, inestable y poco operativo”) la consecuencia va a ser la desaparición de otro servicio público que se debilitaría sin remedio en favor de quienes durante lustros fueron su competencia desde el sector privado, las propietarias de Tele5 y Antena3.
Por cierto, contrariamente a lo que pudiera parecer, el hecho de que la filtración se haya producido en agosto no le quita importancia ni relevancia, sino todo lo contrario, ya que es el momento en el que las noticias incómodas pasan con más facilidad. Así las cosas, sólo la acción de los grupos parlamentarios, más en este momento de negociaciones, pueden evitar que en la práctica desaparezca una radiotelevisión pública independiente, esencial en una sociedad que se quiera sentir democrática, como sucede en Gran Bretaña, Alemania, Francia… Tomen la palabra a Mariano Rajoy, aunque en su caso fueran palabras vacuas, y obliguen a que de verdad en España se ponga en marcha una BBC.
