La Fiscalía General del Estado ha concluido que no ve constitutivo de delito ninguno de las actuaciones derivadas de las grabaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el ahora exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. De esta manera, el ministro, aforado ante el Tribunal Supremo, no será investigado por los presuntos delitos de preconstitución falsa de pruebas, prevaricación ni por los restantes tipos penales ya que la Fiscalía no ve “indicios suficientes” como para iniciar una investigación.
La Fiscalía del Supremo ha remitido las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid para que estudie si De Alfonso ha podido incurri en un delito de revelación de secretos y a la Fiscalía Provincial de Barcelona por si hubiese podido incurrir en malversación de caudales públicos.
La denuncia fue interpuesta por Esquerra Republicana (ERC) ya que entendía que podían existir delitos de prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias. En su denuncia, ERC mantenía que "la literalidad de la conversación demuestra la intención de los interlocutores de promover investigaciones prospectivas sobre determinadas personas por el simple hecho de su adscripción política pública o su relación familiar con políticos”.
Fue el diario Público quien publicó las grabaciones registradas en octubre de 2014 en el despacho del Jorge Fernández Díaz. En ellas, el ministro y Daniel de Alfonso urdían un plan para derrocar a sus enemigos políticos.
De Alfonso fue apartado por el Parlament de Cataluña del cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña por un "grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones" a raíz de la publicación de esas grabaciones.
