Durante cerca de cuatro décadas la dictadura tejió en los variados estamentos del poder real de la sociedad española -militar, empresarial, financiero, periodístico, judicial, religioso, etc.- distintas urdimbres de idiosincrasia franquista, que todavía en parte perviven perfectamente entrelazadas a modo de un peculiar  tejido social, porque están unidas entre ellas por una trama de intereses basada en el apoyo y la protección mutua. Tejido social que en los años posteriores no ha sido desactivado sino, en todo caso, amortiguado por las formalidades de un nuevo ordenamiento jurídico al que, no obstante, ha sabido amoldarse e, incluso, utilizarlo en su propio beneficio.

Viene esta reflexión a cuento de las sospechas que, por clamorosos indicios, tienen muchos ciudadanos sobre la existencia de la mayoría de los casos de corrupción y que, sin embargo, son  realizados con demasiada impudicia y bastante impunidad. Un caso paradigmático es el reciente de Manos Limpias del que se viene informando por los medios de comunicación que sus presuntas extorsiones chantajistas eran notoriamente conocidas en los ámbitos en las que se producían. Las cuotas de poder provenientes de la dictadura han engrasado esta organización hasta que sus acciones han picado demasiado alto y, tal vez por ello, caído en desgracia. 

Como prueba de lo que se dice una experiencia personal. El 22 de marzo de 2012 escribí en este mismo periódico un artículo en el que, refiriéndome a los acusadores del juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, afirmé de Manos Limpias que era “un seudo-sindicato heredero de las esencias franquistas” y de Falange Española de las JONS que tenía “un amplio historial de crímenes contra la humanidad”.

Los resultados no pudieron ser más nefastos -¡para mí!-. A pesar de que la afirmación sobre Falange fue avalada en un comunicado público por casi 400 personalidades -la mayoría historiadores de la talla de Paul Preston, Ian Gibson, Nicolás Sánchez-Albornoz o Ángel Viñas- y recibir el apoyo de organizaciones como Jueces para la Democracia, esta formación política presentó una querella contra mí por injurias y ésta fue aceptada por el juzgado donde se presentó y yo fui imputado como presunto delincuente por atentado contra su imagen pública.

Al final, después de un año de notarios, letrados, abogados, jueces, notificaciones, comparecencias, recursos y, sobre todo, angustias y ansiedades, la querella tuvo que ser desestimada por una instancia superior aunque no por el motivo evidente de que yo decía una verdad históricamente contrastada, sino alegando mi derecho a la libertad de expresión –un subterfugio jurídico que no limpió como debiera mi propia imagen-. ¿Se figuran ustedes una situación como ésta en países que sufrieron dictaduras similares a la nuestra como Alemania con Hitler o Italia con Mussolini?

Hasta que no comprendamos que nuestro país ha de romper decididamente y con todas sus consecuencias -como hicieron Alemania e Italia- sus sólidas ataduras con el franquismo -¡que aún sigue vivo!- nuestros niveles de corrupción política, económica y social liderarán los existentes en los países de nuestro civilizado y democrático entorno.