José Manuel Soria, por cierto un político de gatillo fácil a la hora de amenzar con los juzgados y sus abogados, quizás como forma de disuasión sobre cualquiera que se atreva a fiscalizar sus actividades, tiene un historial sin embargo de negocios confusos que no se inicia con los llamados 'papeles de Panamá'. Antes este ministro, al que le gusta pasar sus vacaciones en hoteles ilegales ya había protagonizado escándalo tras escándalo.

En la página que a él dedica nuestra web asociada. Losgenoveses.net., ya actualizada con su 'relación' con Panamá, se ha publicado una cercana mirada al historial de Soria. Estos son los principales escándalos en los que se ha visto implicado

La corrupción urbanística vinculada al PP de Canarias

Soria atravesó serias dificultades políticas fundamentalmente por los casos de corrupción urbanística que afloraron durante 2006 y 2007 en Canarias, tras arribar la recién creada "Brigada Anticorrupción". Los municipios gran canarios de Mogán (Caso Góndola),Telde ( Caso Faycán ), en el que se han visto envueltos penalmente, entre otros, Jorge Alberto Rodríguez Pérez, ex portavoz del grupo parlamentario del PP regional, Toñi Torres, ex concejala y ex consejera del Gobierno de Canarias, la cual acabaría suicidándose tras su imputación debido a una depresión, y Paco Valido, ex alcalde del municipio) y Santa Brígida («caso Brisán»),se convirtieron en el epicentro mediático de la corrupción institucional en Canarias con el delito urbanístico como telón de fondo.

Soria criticó entonces a su principal rival político, el por entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar,acusándole de promover la instrumentalización de la Justicia a través de la Fiscalía general del Estado.Esta ha sido la misma estrategia usada por el PP nacional para defenderse de las críticas recibidas por la trama de corrupción y espionaje destapada durante el mes de febrero de 2009, en Madrid, y en la que se ha visto envuelta la formación política madrileña.

A principios de 2008 salen a la luz irregularidades referentes a grandes proyectos urbanísticos para la capital grancanaria realizadas durante sus mandatos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (periodos comprendidos entre 1995 a 1999 y 1999 a 2003) y en el Cabildo insular de Gran Canaria (de 2003 a 2007).

El "caso Eolo"

Fue el denominado «caso Eolo» el acontecimiento más llamativo por los debates que suscitó tanto en el seno del Parlamento canario como en el del Cabildo insular de Gran Canaria, lo que coadyuvó a la salida del PP del Gobierno de Canarias. Aún cuando el escándalo alcanzó a diversas personas próximas a Soria (su hermano Luis como Consejero de Industria, Comercio y Nuevas tecnologías, y Celso Perdomo, ex director general de Industria y Energía y principal responsable, entre otros) no sería imputado por delito alguno, costándole a Luis Soria su carrera política.

En septiembre de 2008, a sólo una semana de la celebración del XII Congreso regional del PP en Canarias, y como derivado de los acontecimientos del caso Eolo, Soria resultó condenado en costas judiciales por imputar con mala fe —según consta en la sentencia judicial— los delitos de calumnias e injurias al ingeniero y empleado del Cabildo, Francisco Cabrera. Cabrera fue técnico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y denunció públicamente a Soria por haber tratado, supuestamente, de favorecer a una empresa privada —cuyo propietario era el empresario Javier Esquível, cercano a Soria, y que llegaría incluso a costear el alquiler de la familia Soria durante 21 meses hasta que fue acabada su nueva residencia de Tafira, lo que luego se denominaría en los medios como «caso del Chalet» en detrimento de la empresa de titularidad cabildicia Megaturbinas de Arinaga, para la explotación de energía eólica en el muelle de Arinaga (Gran Canaria) en un concurso, siendo su hermano Luis Soria Consejero de Industria.

El "caso del chalet"

A principios de abril de 2009, a escasos días tras la apertura del juicio oral, los medios de comunicación anuncian la presentación de una nueva denuncia por parte del periodista Carlos Sosa Báez (Canarias Ahora) por los hechos del «caso Eolo» en la que se incluyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionario público, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento público, falso testimonio y receptación presuntamente cometidos por José Manuel Soria (por entonces diputado regional y presidente del Cabildo insular de Gran Canaria), su hermano Luis (ex Consejero de Industria del Gobierno canario), su esposa María del Carmen Benítez (procuradora) y el ex presidente de la Autoridad Portuaria José Manuel Arnáiz.. En respuesta, Soria denunciaría a Carlos Sosa y a Francisco Chavanel por injurias y calumnias, siendo condenado el propio Soria a pagar las costas judiciales del juicio en el denominado «caso del Chalet». A lo largo de su sentencia, «el juez se refiere de forma reiterada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al resaltar la importancia de la libertad de expresión y de información en una sociedad de orden democrático».

El "caso Salmón"

El 6 de octubre de 2008 el Fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, respaldó y pidió personarse en la causa que se seguía contra Soria por la supuesta comisión de un delito de cohecho cuando presidía el Cabildo grancanario, en el denominado «caso Salmón». El caso atribuye trato de favor al empresario noruego Bjorn Lyng (ya fallecido), propietario de la empresa Anfi del Mar, por parte del Cabildo insular de Gran Canaria tras haber invitado a Soria y a su familia a un viaje a Suecia, Austria y Noruega para pescar salmón durante el verano de 2005. La denuncia fue interpuesta por el periodista Carlos Sosa Báez, director del medio de comunicación Canarias Ahora y fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Las Palmas de Gran Canaria, como órgano instructor competente por tratarse de una persona aforada judicialmente.

Nueve meses después de su inicio, en mayo de 2009, la magistrada del TSJC Margarita Varona archivó el caso al no apreciar la consumación del delito de cohecho por aceptación de dádiva. De igual modo, aunque por razones distintas a las del TSJC, el fiscal solicitaría el archivo por estimar que la supuesta comisión del delito —en el supuesto de que así se hubiese apreciado por el TSJC— habría prescrito, ya que el viaje se llevó a cabo en 2005 y el plazo de prescripción para este tipo penal es de tres años según el Código Penal español. Luego del archivo de la causa, la asociación canaria de juristas Justicia y Sociedad interpondría un recurso al propio TSJC que sería desestimado.

Intervenciones en los medios

El día en que era noticia el hecho de que según un estudio Canarias estaba a la cabeza de las zonas donde más trabajadores cobran menos de mil euros al mes, el periodista Rubens Ascanio Gómez, para Canarias semanal, sigue comentando que sucedió que la Intersindical Canaria hizo una petición a los representantes encargados para que no congelasen los salarios en Canarias (pues es conocido el que por ejemplo hay mucha diferencia con respecto a la península española). En la radio «preguntaron a José Manuel Soria, Vicepresidente de Canarias y Consejero de Economía, quien justificó esa diferencia salarial textualmente por la “baja productividad de los trabajadores en Canarias”». Al parecer, según el periodista, el propio representante de los canarios estaría insultándolos porque en definidas cuentas trabajarían «menos y peor».