Ahora le toca a Defensa. Tras haber “peinado” ayuntamientos, diputaciones y obispados pidiendo la retirada de vestigios franquistas, el abogado memorialista Eduardo Ranz junto con el periodista José María Calleja, reclamarán este martes a Defensa el pleno acceso de los archivos militares por su interés público. Exigen se hagan públicos y accsibles también los archivos de Falange Española de las Jons y la Fundación Francisco Franco

Se dirigirán en los mismos términos a las embajadas –en su caso- y a guardia civil y policía con la misma intención. Piden también los expedientes que hubiera juzgado el Tribunal de Orden Público. “Los archivos y su tratamiento se realizan gracias a los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos, las víctimas del franquismo que aún hoy buscan su reparación. El acceso a archivos es básico para esclarecer el concepto de la verdad”, reivindican.

Impedimentos a la ciudadanía

Su objetivo es acabar –dicen- con los impedimentos a la ciudadanía de acceso a los archivos militares referidos a la memoria histórica por su interés público y dicen, “lograr abrir el camino hacia la verdad de las propias familias, además de facilitar el trabajo de exhumación, es decir, reparación”.

 Para ello van a ejercer el derecho de petición mañana martes 29 de marzo, fecha en que se cumple el 150 aniversario del Archivo Histórico Nacional, ante la sede de la Primera Región Militar.  En paralelo presentarán un total de 30 peticiones ante instituciones militares, así como en embajadas españolas. Los escritos están firmados por el abogado Eduardo Ranz y por el periodista José María Calleja. 

Los Archivos militares

En concreto, solicitan “el pleno acceso a los Archivos Militares, relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de los archivos referidos a Memoria Histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales”.

Reclaman además “la suscripción de convenios de colaboración con universidades, de los que el Ministerio de Defensa siempre fuera parte, bajo el esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición”. También desean  el acceso de todos los archivos pertenecientes a defensa, comandancia de la Guardia Civil,  y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977. Y el envío de copia compulsada al Archivo Histórico Nacional, creado por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, y al Centro Documental de la Memoria Histórica.

Falange y Fundación Francisco Franco

A las Embajadas de México, Argentina, Cuba y Rusia las  requieren para la  remisión de archivos de Guerra Civil y Dictadura que custodian.  Por otra parte, piden la digitalización y acceso público, de los archivos pertenecientes a Falange Española de las JONS, así como de los archivos pertenecientes a la Fundación Nacional Francisco Franco.

“Todo ello conforme a la aplicación del art. 22.1 de la Ley de Memoria histórica, por el cual se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos, y la aplicación del  Principio general de libre acceso a los documentos conservados en archivos militares, recogido en el Reglamento de Archivos Militares 1998, y al Principio general de Libre Acceso a los documentos conservados en archivos militares (art. 64 Reglamento de Archivos Militares)”, concluyen.

Esta es la relación de Archivos Militares a los que se dirigen los peticionarios.