La Sala III del Tribunal Supremo ha propinado un duro golpe al colectivo de los jueces sustitutos al desestimar la primera de las más de 150 demandas presentadas sobre su situación impensable y surrealista. Atrapados por una telaraña burocrática y normativa más de mil profesionales trabajan cuando se les llama; pueden atender 15 juicios en un día; cobran con un retraso mínimo de dos meses una vez realizada la sustitución si hay suerte; no tienen seguridad laboral de tipo alguno; no pueden dejar la lista en que están incluidos bajo riesgo de sanción y, lo que es más demencial, por sus manos ha pasado el 30 por ciento de los procesos que se realizan en nuestro país.

Una situación que se viene dando desde hace ya 30 años durante los cuales el Estado ha mantenido una lista de jueces y magistrados suplentes a la que se accede mediante concursos de méritos. Ante el Supremo, esta primera denuncia encabezada por una jueza, solicitaba el rango de empleado público fijo o indefinido, al igual que los jueces y magistrados de carrera. Se alegaba para ello una directiva, la 1999/70 CE y denunciaba el abuso de la temporalidad y la discriminación a que este colectivo se ve sometido.

Peticiones salariales
Se reivindicaba también ante el alto tribunal el abono de las retribuciones fijas, los trienios y los complementos atrasados por todo el periodo de sus nombramientos. Y es que actualmente solo lo perciben en relación a los días en que son llamados a trabajar.

Alta en la Seguridad Social
Y aunque parezca paradójico, en jueces que en muchos casos tienen que resolver conflictos laborales, se reclamaba el alta en la Seguridad Social durante todo el nombramiento en sus cargos, y no únicamente los días en que realizan la sustitución. Hablamos de profesionales que llevan años en esta tarea.

Fin de la discriminación
 En suma, lo que se pedía era el cese de las discriminaciones existentes entre los derechos reconocidos a los magistrados de carrera y los que se asignan a los magistrados suplentes y jueces sustitutos en general en materia de retribuciones, protección social, promoción profesional, provisión de vacantes, formación profesional, situaciones administrativas, licencias y permisos y derechos pasivos, sin discriminación alguna por razón de su relación de la temporalidad en su empleo.

Convocados por el CGPJ
¿Quiénes son estos profesionales? Desde AJUDICAT la asociación que en Cataluña defiende los intereses de este colectivo, Haidé Costa explicaba a ELPLURAL.COM que accedieron en su día a un concurso público para cubrir las plazas convocadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Concurso de méritos
Tuvieron que acreditar una serie de méritos. Entre otros, haber ejercido en la abogacía, docencia universitaria, haber aprobado algunos de los exámenes de la oposición o haber desempeñado funciones de juez sustituto o magistrado suplente con anterioridad, narra la jueza. Después, pasaron una entrevista exhaustiva a la que fueron propuestos previo estudio de los Tribunales Superiores de Justicia.

Vida de locos
La sobrecarga de trabajo judicial nunca resuelta fue lo que motivó la creación de estas plazas. Y ahí empezó una vida de locos para muchos jueces. “La última vez que me llamaron fue a las 9:15 de la mañana. El primer juicio comenzaba a las 9:00…ese mismo día. Me llevé a casa 15 sentencias para resolver”. El juez que relataba a ELPLURAL.COM esta experiencia se encontraba a la espera aún de cobrar los últimos 20 días trabajados casi tres meses atrás.

Remuneración tardía
Como pendiente estaba también de percibir la remuneración de ese día de juicios. No percibirá cantidad alguna por las 15 sentencias que tuvo que dictaminar en su casa como marcan las obligaciones que les imponen.

Los recortes de Rajoy
Pese el exceso de tareas denunciado y el bajo porcentaje de jueces por habitante, muy inferior al de otros países europeos, el ánimo de recortar costes (y por ende servicios) que ha caracterizado al Gobierno de Mariano Rajoy pese a las negativas consecuencias sociales, llevó al ejecutivo a imponer las tasas judiciales para una serie de pleitos con la idea de reducir la litigiosidad y hacer “caja”. El efecto colateral principal fue el deterioro del derecho constitucional a la justicia. Pero también que se empezara a contar menos con los jueces sustitutos.

Jueces de adscripción territorial
Y para eliminarlos y resolver de paso otras reclamaciones corporativas se creó la figura del juez de adscripción territorial (JAT). Se trata de jueces de las últimas promociones de opositores cuyo nombramiento está adscrito a un Tribunal Superior de Justicia pero no tienen plaza concreta como titulares en un juzgado sino que pueden acudir a la plaza de refuerzo, según necesidades, en cualquier juzgado del territorio de la comunidad que atiende el tribunal.

Fórmula de ahorro
Desde el Ministerio de Justicia debieron pensar ante la ausencia de creación de plazas de jueces, que una buena fórmula para ahorrar podía ser utilizar a los JAT en las tareas de suplencia que hasta entonces desempeñaban los sustitutos.

Diferencias de fondo
Con una diferencia: frente a los sustitutos, los JAT están dados de alta en la Seguridad Social, cobran antigüedad y complemento de destino. Esto llevó al colectivo de sustitutos a plantear la aplicación de la directiva 1999/70 CE que refiere como la contratación eventual no debe ser discriminatoria entre trabajadores indefinidos y trabajadores eventuales comparables. Así lo denunciaron también ante la UE. Pero allí archivaron su queja si bien llegaron a decir algo parecido a que la acción sobre los sustitutos asemejaba un ERE encubierto.

La docencia como complemento
Escogieron su profesión y se acogieron a este sistema. Hay gente como Rosa que da clases en la Universidad (posibilidad que le permite el CGPJ) obteniendo unos recursos mínimos. Su vida desde hace muchos años está pendiente siempre del teléfono. Apenas con la actividad docente como alternativa complementaria, pues de realizar otras actividades podrían borrarla de la lista.

Cambiar de trabajo
El promedio de edad de estos jueces excede los 40 años. Si hasta hace poco el colectivo podía sumar unos 1.500 profesionales, las nuevas normas que datan del 2012 han llevado a buscarse la vida profesional a muchas personas intentando abrir bufetes, creando desde cero una cartera de clientes o incluso dedicándose a trabajos que nada tienen que ver con su profesión. Y en muchos casos, la edad es problemática.

Seguir peleando
La sentencia del Supremo ha supuesto una mala noticia para estos profesionales. Queda el Tribunal Constitucional y queda después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Van a seguir peleando, porque al final, como explicaba a ELPLURAL.COM un juez sustituto “es como si tu vida hubiera sido una carrera hacia ninguna parte, una condena a un absurdo, el reflejo de otros que ahora desaparece y resulta que nunca ha existido”.