El juzgado de Instrucción número 4 de León ha levantado el secreto de sumario sobre la instrucción del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP leonés, Isabel Carrasco, al considerar que “ya no existe obstáculo que pueda perjudicar la investigación”, según informa Europa Press. El plazo de 30 días establecido por Ley para mantener el secreto de la instrucción terminaba el 12 de junio.
Confesión de la madre
Poco después del asesinato de Isabel Carrasco fueron detenidas Montserrat G.R. y su hija Montserrat Triana, ambas afiliadas al PP y esposa e hija respectivamente del comisario jefe de policía de Astorga (León). Se da la circunstancia de que Triana había trabajado en la Diputación pocos meses antes de que entrara en la lista del PP a las elecciones municipales de Astorga, en las que no salió elegida concejala.
Aunque madre e hija mantuvieron su inocencia durante los primeros días de su detención, finalmente la madre confesó ser la autora de los disparos que acabaron con la vida de Carrasco, a plan luz del día y en una pasarela sobre el río Bernesga, zona habitual de paseo de la capital leonesa. Montserrat G.R. declaró que Isabel Carrasco había arruinado la vida de su hija y que la disparó porque “se lo merecía” por lo que le había hecho a su familia.
La droga
El caso disparó muchas sorpresas, como por ejemplo el hallazgo de una importante cantidad de marihuana en el registro que la policía realizó en el domicilio de la hija, situado en una de las zonas más céntricas de León. Tal cantidad de droga, mucha de ella envasada, hace suponer a la titular del juzgado número 4 de León que no era para el consumo, por lo que podría tratarse de un presunto delito de tráfico de drogas. Dado que la juez estima que la droga no tiene relación con el asesinato de Isabel Carrasco, ha informado al Decanato judicial de León para que establezca que juzgado debe investigar este presunto delito.
22 testigos
La juez ha tomado declaración a 22 testigos, desde personas que presenciaron los disparos hasta amigos de la policía municipal implicada, Raquel G., que fue la entregó el arma homicida a la policía dos días después del asesinato. Esta policía también ha sido encarcelada aunque declaró que había descubierto la pistola en el maletero de su coche por casualidad.
La juez está a la espera del informe balístico y de recibir la información de los ordenadores y memorias informáticas de los móviles de las tres detenidas.
