Pasos "bien asentados"
En declaraciones a los periodistas, Ambrosio ha aclarado, en primer lugar, que la Junta de Andalucía "es una institución seria y cada uno de los pasos que da tiene que estar bien asentados", de ahí que, antes de adoptar una posición oficial sobre este asunto, haya pedido el citado informe jurídico.
Patrimonio de la Humanidad
Además, la decisión que tome al respecto tendrá en cuenta que la Mezquita-Catedral "es un Bien de Interés Cultural (BIC), además de ser Patrimonio de la Humanidad", según lo estableció en su día la Unesco, de modo que, con más razón, según ha señalado Ambrosio, es preciso esperar a que el mencionado informe jurídico indique "si le compete a la Junta de Andalucía, o bien al Gobierno de España, reclamar la titularidad pública sobre ese bien". Llegado ese momento, según ha subrayado Ambrosio, se pronunciará la Junta y, "si le compete" a la Administración autonómica este asunto, "hará todo lo que tenga que hacer" para que el histórico monumento "sea de titularidad pública".
La Delegada ya ha firmado a título personal
Por otro lado, a título personal y "como militante socialista", Isabel Ambrosio ha aclarado que ella ya ha firmado la citada petición 'on line' de que la Mezquita-Catedral sea de titularidad pública, "distinguiendo entre lo que es la titularidad de lo que es el culto y el uso que se le está dando en este momento", por parte de la Iglesia Católica.
Debería ser un bien público
En el PSOE se entiende, según ha subrayado Ambrosio, "y así lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo", que la Mezquita-Catedral "no es cualquier bien y que debe ser un bien de titularidad pública", aunque ha insistido, en su condición de representante del Gobierno andaluz en la provincia, en que "es muy precipitado" que la Administración autonómica se pronuncie oficialmente "sin conocer el resultado de ese informe jurídico".
El Obispado utilizó una ley franquista para apropiarse del monumento
Como informó ELPLURAL.COM la Mezquita de Córdoba corre el peligro de pasar a ser propiedad eterna y exclusiva de la Iglesia. El Obispado de Córdoba utilizó, con el objetivo de poner la Mezquita a su nombre, dos artículos de la Ley Hipotecaria aprobada por Franco por lo que da el rango de administración pública a la Iglesia católica y por ende de funcionario a los diocesanos. De esta situación se derivaría que con la única firma del obispo será suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público que aun no ha pasado por el registro.
