Pensionistas, avisados estáis: los 3 hachazos de Feijóo y Abascal a tu bolsillo

Si cobras una pensión pública o está a las puertas del retiro laboral, es hora de hablar con absoluta claridad ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Votar al Partido Popular o a la extrema derecha de Vox no es una simple opción ideológica: para cualquier jubilado o trabajador de renta media, significa votar directamente para vivir peor. La bomba de relojería la acaba de activar abiertamente el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, al calificar el sistema público de jubilaciones como "un zombi que han quebrado" y dejar abierta la puerta a la privatización.

No se trata de una frase desafortunada en plena precampaña, sino del auténtico ideario económico que la ultraderecha quiere imponer en un hipotético gobierno de coalición presidido por Feijóo. El plan para desmantelar el modelo solidario de reparto y sustituirlo por la capitalización individual encierra una trampa letal para la mayoría social. Quien acuda a las urnas el 29-N apoyando al bloque conservador debe ser plenamente consciente de la realidad: está depositando una papeleta para recortar sus ingresos, congelar sus prestaciones y entregar su vejez a la especulación bancaria.

El primer hachazo de un ejecutivo de PP y Vox sobre los más de nueve millones de pensionistas será la pérdida inmediata de poder adquisitivo. La ultraderecha ya tilda de "insostenible" la revalorización de las pagas ligada por ley al IPC, el mismo mecanismo que ha protegido a los mayores durante las recientes olas inflacionarias. El Partido Popular, por su parte, mantiene un historial imborrable: ha votado siempre en contra de blindar las subidas conforme al coste de la vida. Si la inflación sube y la pensión no se actualiza al mismo ritmo, el resultado es puramente matemático: la cesta de la compra, la luz, el gas y los gastos cotidianos devoran la nómina del jubilado. Romper el vínculo con el IPC implica que cada año los pensionistas sean más pobres que el anterior. La propuesta conservadora ataca la línea de flotación de las familias, obligando a los mayores a hacer encajes de bolillos para llegar a fin de mes.

El segundo hachazo es todavía más grave cuando se analiza la situación de quienes perciben las pensiones mínimas o no contributivas. Durante los gobiernos progresistas, las pagas más bajas han experimentado incrementos por encima de la media para corregir la brecha social y garantizar un suelo de dignidad a las carreras laborales más precarias o a las mujeres que dedicaron su vida a los cuidados. Bajo el modelo del PP y la extrema derecha, las pensiones mínimas volverán al vergonzoso 0,25% fijado durante la etapa de Rajoy. Subidas miserables de apenas unos céntimos al mes que congelan en la práctica la renta de los colectivos más vulnerables. Condenar a las prestaciones mínimas a aumentos testimoniales equivale a perpetuar la pobreza en la vejez, castigando doblemente a quienes tuvieron empleos peor remunerados durante su vida activa.

El tercer hachazo y más peligroso es el concepto de "sistema mixto" o "capitalización individual" que pregona Vox es la trampa financiera que esconde para la clase trabajadora. ¿Cuántos españoles tienen capacidad real de ahorrar mes a mes miles de euros en un plan de pensiones privado? La respuesta es obvia: solo las altas rentas y los sectores privilegiados podrán permitírselo. Para un trabajador promedio, pagar un alquiler disparado y los gastos del día a día absorbe la totalidad de sus ingresos, haciendo imposible la contratación de productos financieros de ahorro. Al derivar los recursos públicos hacia el fomento de fondos privados, la derecha desmantela la caja común de la Seguridad Social. La consecuencia final es escalofriante: quien no tenga dinero para pagar un plan bancario privado se quedará sin una pensión digna con la que sobrevivir.

El contraste entre los dos proyectos de país es abismal. La gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez demuestra que la sostenibilidad del sistema no pasa por recortar derechos, sino por reforzar los ingresos. La revalorización con el IPC ha permitido que la pensión media de jubilación aumente en más de 420 euros mensuales respecto a los años del PP, rozando los 1.580 euros al mes.

Las diferencias entre ambos modelos quedan patentes en cada aspecto clave de la gestión pública. En materia de revalorización anual, mientras el modelo progresista de Pedro Sánchez garantiza por ley subidas reales alineadas con el IPC real, la propuesta del PP y Vox pasa por la eliminación o el recorte de este mecanismo, en línea con el mínimo del 0,25% fijado por Rajoy en 2013.

Respecto a la evolución de la pensión media, la gestión de Sánchez ha supuesto un incremento de más de 420 euros al mes frente a la pérdida paulatina de poder adquisitivo del modelo conservador. En cuanto a las pensiones mínimas, el Gobierno las ha subido más, concretamente una pensión mínima de jubilación con 65 años ha pasado de 656,90 euros al mes en 2018 a 936,20 euros al mes en 2026. Esto supone un incremento del 42,4%. Mientras que la alternativa de derechas aboga por el regreso a aumentos testimoniales del 0,25%.

Estructuralmente, frente al sistema público, universal y de solidaridad intergeneracional que defiende el Ejecutivo progresista, la propuesta que se vota el 29-N impone la capitalización individual y la privatización parcial. Finalmente, la gestión de la caja común muestra otra brecha insalvable: la hucha de las pensiones ha sido reconstruida superando los 15.000 millones de euros de reserva, frente al vaciado masivo de la etapa de Rajoy; un modelo que, en definitiva, redistribuye para proteger a las rentas medias y bajas frente a un esquema que fomenta fondos privados inalcanzables para la mayoría social.

A ello se suma la recuperación histórica del Fondo de Reserva. Mientras el PP de Rajoy esquilmó la "hucha de las pensiones" que había acumulado un gobierno socialista, pasándola de 67.000 millones a apenas 2.000 millones, el actual Gobierno ha vuelto a llenar la reserva superando los 15.000 millones de euros gracias al récord de afiliación a la Seguridad Social. La quiebra no existe; la quiebra la provocan quienes vacían las arcas públicas para justificar el negocio de los bancos.

El próximo 29 de noviembre las cartas están sobre la mesa y los dirigentes de la derecha y la extrema derecha ya han enseñado su juego. Cualquier pensionista o trabajador que decida votar a Feijóo o Abascal debe asumir que está respaldando un sistema que penalizará sus ingresos, congelará la ayuda a los más débiles y dejará la jubilación a merced de la capacidad económica de cada persona. No hay margen para el engaño ni para decir que nadie avisó. El 29 de noviembre la ciudadanía decide si consolida un modelo público que blinda el poder adquisitivo y la dignidad de los mayores, o si abre las puertas a una etapa de recortes donde la mayoría social está condenada a vivir bastante peor. Acusados estamos.