"Recuperar fondos desviados"
Una medida que adoptó, ha dicho, para evitar que se siguieran cometiendo delitos como el de blanqueo de capitales, que se estaba investigando, y localizar y recuperar los fondos desviados por la trama, pero siempre con la "clarísima intención" de prevenir el derecho de defensa y con el apoyo de la Fiscalía.
"Parte nuclear"
"Los abogados eran parte nuclear de la misma para desarrollar todas y cada una de las actividades criminales de la organización", ha subrayado el juez, que ha declarado desde el banquillo de los acusados después de que el presidente de la sala, Joaquín Giménez, le recordara que debía "despojarse de la toga" y abandonar el estrado de los letrados en el que había permanecido esta mañana.
La ofensiva de El Mundo
Uno de los abogados que Garzón ha citado expresamente como miembro de esa "parte nuclear" es Manuel Delgado Solís, al que el magistrado grabó en sus conversaciones. Da la casualidad, como ya contó ELPLURAL.COM, de que este abogado es uno de los consejeros fundadores del diario El Mundo, periódico que ha puesto toda la carne en el asador por este proceso. Delgado fue imputado por Garzón en la investigación el 5 de marzo en 2009, junto a Plácido Vázquez Diéguez, otro de los que pusieron la primera página del diario de Pedro J. Ramírez.
Socio de Palacio
Por otra parte, Manuel Delgado Solís tiene un currículum bastante revelador. Fue socio de Ana de Palacio y del Valle Lersundi, exministra de Exteriores de José María Aznar, en un bufete de abogados que compartía pared con el Tribunal Superior de Justicia, aunque después de la Gürtel fue cerrado. Además, es consejero de los hospitales privados De Madrid, Torrelodones y Boadilla-Montepríncipe (epicentro de la Gürtel).
No se usaron las escuchas
Prueba de que "se adoptaron todas y cada una de las medidas para que ese derecho de defensa quedara prevenido", ha afirmado el juez de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, es que ninguna de las diligencias que abrió contra los imputados guardaban relación con las comunicaciones intervenidas.
20 millones ocultos
Garzón ha precisado a Peláez, defensor de uno de los empresarios imputados, José Luis Ulibarri, y a quien también se grabó durante sus visitas a la cárcel de Soto del Real a los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, que cuando se le intervino sus conversaciones con estos detenidos no constaba que él los representara de ninguna manera. Asimismo, le ha espetado que la actividad principal investigada era el blanqueo de capitales y que cuando se ordenó el ingreso en prisión de Correa y Crespo había indicios de que más de 20 millones de euros habían sido ocultados por la trama en cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales.
"Dirigida por los abogados"
"Una actividad completa dirigida por abogados de la organización" y, en concreto, ha citado a Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, que fue el primer abogado de Correa hasta que fue imputado en la causa. Después de la medida de prisión, ha explicado el juez, la única actividad delictiva que continuaba era la de blanqueo, por lo que se trataba de evitar que se siguiera cometiendo ese delito y no de ampliar u obtener datos para la investigación.
No sólo para terrorismo
Preguntado por Peláez por la razón por la que ordenó las comunicaciones de los abogados sin que se tratara de un delito de terrorismo, Garzón ha recordado que el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respalda las interceptaciones por orden de la autoridad judicial y no exclusivamente en los supuestos de terrorismo.
