La punta de lanza del proyecto de gobierno del PP es María de Cospedal en Castilla-La Mancha. La nueva presidenta regional, y número dos del partido ha recortado 1.000 profesores interinos, ha congelado las becas, ha eliminado los viajas de la tercera edad y la ayuda de 400 euros a las viudas, y ahora busca dejar sin cobertura a una parte de los desempleados.

En 2009 Cospedal votó contra favorecer a los parados
Sus declaraciones sobre los parados, hechas ayer en una cadena de televisión, causaron un revuelo que hay que achacar solo a la mala memoria, porque ya en 2009, la número dos del PP votó en contra de aplicar en Castilla-La Mancha un plan de ayudas públicas para contratar a desempleados que habían perdido todas las prestaciones y subsidios. Este Plan, sin embargo, llevado a cabo por el anterior gobierno del socialista Barreda dio empleo a 12.000 parados.

No tienen que terner cobertura todos los parados
Cospedal, que apostaba ayer en la referida entrevista por una nueva reforma laboral, afirmó sobre los subsidios para desempleados: “Habrá que negociar hasta qué punto tienen que tener cobertura todos los trabajadores en la extensión de ahora o solo una parte, o todos”.

De su entorno salieron a continuación a matizar las palabras de la dirigente popular, pero el planteamiento ya había sido expuesto.

Madrid, Galicia, Murcia
Cospedal no es la única. Esperanza Aguirre en Madrid, Alberto Núñez Feijóo en Galicia y Luis Ramón Valcárcel en Murcia están llevando a cabo similares recortes. Tanto Aguirre como Valcárcel se han saltado el guión de la contención en el discurso, marcado por Rajoy, y han apuntado a las privatizaciones en sanidad y educación.

Aguirre: limitar la gratuidad en la educación
La presidenta madrileña, que tiene a una parte importante del profesorado de la comunidad en pie de guerra contra sus recortes, el 19 de septiembre lanzó la propuesta del PP de limitar la gratuidad en la educación. Del PP, porque Aguirre no va por libre, se debe a un partido con estatutos e ideas claras, aunque desveladas a cuentagotas, como en este caso, a los ciudadanos.

"Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases", afirmó Esperanza Aguirre.

Valcárcel: copago
En marzo pasado, el PP dejó caer otro mensaje significativo. En este caso el mensajero fue el presidente de Murcia, Luis Ramón Valcárcel, quien en un coloquio organizado por el diario ABC, que contó con la presencia de Rajoy, habló de establecer el copago en sanidad y educación, ya que, argumentó, "no pueden ser soportados solo por el presupuesto de una región o de una nación”.

Ana Pastor advierte de una reforma estructural en sanidad
No son los únicos mensajeros. La exministra con Aznar Ana Pastor afirmó el 26 de septiembre que “es urgente una reforma estructural para asegurar la viabilidad de la sanidad”, aunque no dio más detalles.

El plan oculto de FAES sobre el copago
Unos días antes, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, hizo una acusación que pasó desapercibida, y que se fundamenta en ese cuentagotas del PP sobre lo que hará en temas sociales. La dirigente socialista desveló que la fundación FAES que preside José María Aznar ha decidido posponer para después de las elecciones de noviembre la publicación de un estudio sobre la viabilidad de la sanidad pública que le encargó el propio Rajoy y que contempla el copago.

Es evidente que las políticas sociales no están en la base del programa electoral del PP. Una de las apuestas más seguras para ocupar la cartera de Economía, en caso de una victoria popular, Cristóbal Montoro, ha llegado a afirmar que “no es el Estado quien tiene que garantizar el bienestar”.

La rentabilidad de los recortes, en entredicho
Sí lo está la política de los recortes que el PP disfraza con la cortina de la austeridad. Recortes que han quedado en cuestión ayer con las cifras del CIS sobre los desempleados en septiembre. 15.200 de esos parados son resultado de los ajustes en educación y sanidad que se están realizando en las Comunidades gobernadas por la derecha.

De las 65.000 afiliaciones perdidas en septiembre 20.000 fueron en las administraciones territoriales y municipales, 20.000 en el sector sanitario y unos 15.000 fueron docentes no contratados, según datos ofrecidos ayer por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.