El expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recurrido este lunes la autorización del juez instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar sus cuentas bancarias y las de su entorno, como las de sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, entre otras figuras señaladas en la causa judicial.
En un escrito remitido al juez este lunes, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide dejar sin efecto el permiso del magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para "ampliar la información que se considere pertinente" sobre los referidos productos bancarios por investigar.
Cabe recordar que Calama autorizó la semana pasada a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y su entorno. En concreto, el instructor emplazó a los agentes a "ampliar la información que se considere pertinente" sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas también de Julio Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.
El magistrado ordenó, a su vez, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".
Suspensión cautelar hasta la resolución del recurso
Ahora, el letrado representante de Zapatero reclama suspender cautelarmente la autorización concedida a la unidad policial para ampliar información y la expedición de los requerimientos a las entidades bancarias, al menos hasta que el magistrado resuelva el presente recurso.
Además, solicita "dejar sin efecto la extensión del requerimiento a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente" y que se fije un término final expreso "al período objeto de requerimiento, acotando su marco temporal hasta como máximo diciembre de 2025".
En lo referente a la apertura de una pieza reservada en la que se enmarcan estas diligencias, el abogado reclama que sea el letrado de la administración de justicia, "bajo la supervisión del instructor", quien se encargue de la "depuración del contenido" de la información bancaria.
El abogado de Zapatero aboga por que "se establezcan con claridad los criterios para el expurgo" integrado en la pieza de información reservada, "ordenando a la unidad policial encargada del análisis que haga constar en sus informes no solo los datos que eventualmente detecte favorables a la tesis policial, sino que también consignen y aprecien todas las circunstancias y datos que resulten favorables para los investigados".
La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso "es muy extensa y se pide al máximo nivel de detalle". "Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales", aduce.
Una autorización "genérica"
"Desde otro plano, además, esta autorización genérica a la UDEF impide el control de esas peticiones, tanto por la autoridad judicial como por las partes", arguye. Advierte, además, que "una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva".
El abogado añade que, si se analizan datos sin autorización judicial y para fines diferentes a los del objeto de la investigación, "se puede, indebidamente, socavar el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales" de Zapatero. "En definitiva, no se puede permitir, por la vía de esta amplia habilitación, que se analice una información potencialmente íntima sin autorización judicial ni la indagación prospectiva en cuestiones ajenas al proceso", agrega.
Respecto a la apertura de la pieza separada, Moreno afirma que le parece "sustancialmente correcto", puesto que "las cuentas bancarias son reflejo de la vida íntima de una persona y existe en este proceso un riesgo consustancial muy elevado de filtración de la información obtenida".
Todo ello se enmarca en el 'caso Plus Ultra', en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.
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