El Tribunal Supremo ha citado a declarar el próximo 26 de enero al eurodiputado Luis Pérez, comúnmente conocido como Alvise, en el marco de la querella presentada contra su persona por los otros dos parlamentarios europeos de Se Acabó La Fiesta (SALF), Diego Solier y Nora Junco, por delitos de acoso y revelación de secretos. La providencia del juez instructor, Manuel Marchena, llega después de que el ultraderechista mostrase predisposición a comparecer voluntariamente antes de que el Parlamento Europeo diese la autorización correspondiente.
Acumulación de procesos judiciales
Con esta querella, que el Alto Tribunal admitió a trámite el pasado 27 de junio, el agitador de extrema derecha acumula ya cuatro procesos judiciales abiertos por la misma instancia. Esta se suma a las otras tres abiertas: por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por un presunto delito de financiación ilegal de SALF, relacionado con los 100.000 euros recibidos del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’.
En este caso, los eurodiputados, que abandonaron SALF y se sumaron al grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos, sostienen que han sido objeto de una “continua campaña de hostigamiento” en redes sociales a raíz de los mensajes que Alvise había difundido sobre ellos —tanto en un podcast como en un canal de Telegram—, y que, fruto de esta, han llegado a “temer por su integridad física” después de que se hiciera público el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.
Ambos denunciaron y acreditaron que, tras la difusión de sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles en redes sociales, comenzaron a recibir una cantidad “ingente” de mensajes ofensivos o amenazantes, hasta el punto de generarles “una continua sensación de inseguridad” que los llevó a modificar “sus hábitos o rutinas”. El Tribunal Supremo detalla que cerraron algunas de sus redes sociales, que en otras restringieron la posibilidad de comentar, que dejaron de atender llamadas procedentes de números desconocidos y que empezaron a recibir “miles” de correos electrónicos con insultos y amenazas.
El Supremo encuentra indicios suficientes
La Sala de lo Penal consideró que la conducta de Alvise podría encajar en los delitos de acoso y revelación de secretos, “habida cuenta de las explícitas llamadas” realizadas por él, tanto de forma personal en un podcast como a través del canal de Telegram que lleva su nombre y que, de manera indiciaria, él mismo gestiona o dirige, para que un grupo muy numeroso de seguidores mantuviera y desarrollara “una actitud reiteradamente hostil” contra los eurodiputados.
Para el Supremo, “aparece indiciariamente justificado” que, a través de esos canales y con el objetivo de llevar a cabo su propósito inicial, Alvise “pudo haber facilitado y hecho públicos datos personales e identificativos” relativos a los querellantes. Todo ello, subrayó el Alto Tribunal, “sin que cesara en su actitud” pese a que muchos de sus seguidores manifestaran de forma expresa su intención de alterar el normal desarrollo de la vida de los denunciantes, reiterando sus llamamientos a que fueran hostigados como reacción a su posicionamiento político.
El Supremo apreció así “una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de las víctimas”, a partir de la persecución que pudieran ejercer las numerosas personas que se sintieran interpeladas por su llamamiento público. “Perseguidles y pedidles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo; lo tiene que hacer la gente que nos ha votado”, afirmó Alvise el pasado 20 de abril en el podcast ‘Eclécticos Worldwide’.