El Tribunal de Cuentas ha asestado un duro varapalo a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el caso sobre la compra del lujoso ático de Chamberí por el que la administración pagó 6,3 millones de euros. La consejera de Cuentas entiende que la adquisición con fondos públicos de un inmueble cuyo uso podía ser exclusivamente habitacional, de forma opaca y evitando los cauces habituales podría haber dado lugar “a un daño o perjuicio individualizado a los fondos públicos”.
Este pronunciamiento llega después de la Comunidad Autónoma (CCAA) y Planifica Madrid, empresa pública a través de la que se realizó la operación, reclamasen el archivo de la investigación. En sentido contrario, el Tribunal entiende que “las denuncias, globalmente consideradas, aportan datos referidos lo suficientemente precisos sobre unos hechos que han podido dar lugar a un daño o perjuicio individualizado a los fondos públicos”. Así, la intención de Ayuso de dar carpetazo al asunto se diluye y las pesquisas seguirán indagando sobre la operación.
Puede constituir una salida de fondos públicos carente por completo de justificación legal
Es más, el auto entiende que “en los hechos denunciados existen indicios de que haya podido producirse un presunto alcance a los fondos públicos en el sentido del artículo 72 de la de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), como asimismo considera el Ministerio Fiscal, lo que impide que, en esta fase preliminar, pueda decretarse el archivo de las actuaciones con el rigor y la contundencia que exige el artículo 46.2 de la LFTCu”. Asimismo, recoge que “se puede llegar a una provisional determinación de los requisitos de una eventual responsabilidad contable”.
Por todo, eleva el caso y reclama que “la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas nombre una delegada o delegado instructor para la práctica de las actuaciones prevenidas en el artículo 47 de la LFTCu en relación con los hechos denunciados en esta acción pública, al ser en dicha fase de actuaciones previas en la que, con todas las garantías, se procederá a la investigación de los hechos, y a su provisional individualización determinando si los mismos pueden ser o no generadores de responsabilidad contable”.
El Tribunal tumba las excusas
La consejera de Cuentas rechaza el archivo porque aprecia indicios de que los 6,3 millones pudieron constituir una salida de fondos públicos "carente por completo de justificación legal" y que, en consecuencia, sea “calificable como alcance contable”. Además, señala que la memoria de necesidad emitida está fechada en julio, tres meses después de la escritura, línea temporal que carece de sentido.
"Se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa de la adquisición de una vivienda, que pudiera justificar la salida de fondos, y tal declaración parece haber sido realizada en fecha 2 de julio de 2026, con posterioridad a su adquisición, cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026. Asimismo, señala como indiciario “las características del inmueble” y “la consideración de un eventual sobreprecio”.
“El inmueble es un ático con una terraza descubierta, catalogado y acondicionado como vivienda, que se encuentra en un edificio de carácter residencial, lo que, a priori, puede resultar objetivamente inadecuado para un ‘uso administrativo’ de los órganos de la Comunidad de Madrid”, expone le auto.
Por último, uno de los aspectos clave en los que pone el foco el auto es en el objeto social de Planifica Madrid, pues sus estatutos limitan este tipo de operaciones a la vinculación con la actividad administrativa de órganos de la Comunidad. “La información facilitada y la documentación que obra en el expediente se extraen dudas sobre si el inmueble ha podido ser adquirido para finalidades distintas del citado ‘uso administrativo’, lo que puede impedir ab initio la utilización de los fondos públicos de Planifica”, expone el Tribunal. Además, recuerda que, en sus estatutos sociales, "se califica la entidad como medio propio y su actuación requiere encargo previo por el Consejo de Gobierno".
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