El Tribunal Constitucional amenaza la purga ideológica de Ayuso en Telemadrid

La polémica en torno a la ley de Telemadrid promovida por Isabel Díaz Ayuso en 2021 ha llegado a uno de sus momentos más relevantes con la ponencia del Tribunal Constitucional (TC) que concluye que la tramitación de esa norma, que supuso el inicio de la purga ideológica de la popular en el ente de radiotelevisión, vulneró los derechos de los diputados al “hurtar el debate” parlamentario. El TC propone declarar inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid que permitió aprobar la ley por lectura única, un procedimiento que eliminó la posibilidad de debate y de presentación de enmiendas sin que se dieran las excepciones que lo justifican. Sin embargo, esa nulidad afectaría únicamente al procedimiento, no al contenido de la ley en sí. 

El pleno del Tribunal de Garantías vota este miércoles la ponencia sobre la ley Ayuso para Telemadrid que propone considerar inconstitucional y nulo el acuerdo que permitió su aprobación en 2021, como informa la Cadena Ser, y por lo tanto, el origen del control de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la televisión pública madrileña. 

Según fuentes del órgano de Garantías, la ponencia presentada por el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, marca que el Ejecutivo de Ayuso vulneró el derecho fundamental a la participación política de los diputados del PSOE, que recurrieron en amparo, puesto que la Mesa y el pleno de la Asamblea tramitaron la ley de Telemadrid sin posibilidad de presentación de enmiendas ni debate.

La propuesta de sentencia se debatirá esta miércoles y, con gran probabilidad, será aprobada, por lo que el acuerdo será declarado nulo e inconstitucional. No obstante, cabe señalar que esta propuesta de sentencia no tiene efectos prácticos sobre el contenido de la ley que afecta al ente de radiotelevisión autonómico. Es decir, el pleno no discute la constitucionalidad de su contenido, ya que los diputados de la oposición únicamente recurrieron el procedimiento empleado para su aprobación y no el texto legislativo en sí. 

La aprobación de esta norma supuso el inicio de la purga ideológica llevada a cabo por la popular en la cadena autonómica, asumiendo su control a través de la aniquilación de rostros no afines que copaban importantes cargos y la imposición de José Antonio Sánchez como director general. Con su llegada, el primero en caer fue el mismo José Pablo López, hoy día presidente de RTVE, al que fue fulminaron como director general, cargo que ostentaba desde 2017. Días más tarde, los desterrados fueron Jon Ariztimuño, director de Informativos; Ángel Rubio, director de Onda Madrid; Jaime García Treceño; el director general de Contenidos, Paco Díaz Ujados; el director de la web, Juan Varela; el director de Nuevos formatos, Juan Adrián; y el director de Comunicación y Márketing, Daniel Forcada.

La reforma de Telemadrid: aprobada sin debate y cuestionada por la oposición

La ley de Telemadrid impulsada por Isabel Díaz Ayuso en 2021 se aprobó de forma controvertida desde el inicio por la forma en que fue tramitada. El Partido Popular presentó en la Asamblea de Madrid una proposición de reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid (RTVM) que modificaba, entre otros aspectos, el modelo de elección de su Dirección y del Consejo de Administración y facilitaba el relevo de la cúpula directiva del ente público. Para sacar adelante la norma, el PP optó por el procedimiento de lectura única, que acelera la tramitación legislativa suprimiendo el debate en comisión y, sobre todo, el periodo de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Gracias a la lectura única, la modificación salió adelante con los votos del PP y la abstención de Vox, mientras que todos los partidos de izquierda -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- votaron en contra.

La oposición criticó duramente este método por considerarlo una elusión de la participación parlamentaria normal. Para partidos como Más Madrid y el PSOE, la lectura única implicaba que no se podía discutir ni mejorar el texto legal ni introducir propuestas alternativas, lo que perjudicaba la función del Parlamento como foro de deliberación y control del Ejecutivo regional. Más Madrid, por ejemplo, llegó a señalar que el uso de la lectura única carecía de justificación material y que dañaba la labor legislativa, al impedir el debate pleno y el control democrático sobre una ley que tenía efectos importantes sobre un medio público.

Además de la forma, la oposición también rechazó el fondo: consideró que la reforma buscaba controlar políticamente Telemadrid, limitando su independencia y usándolo como instrumento alineado con el Gobierno autonómico, algo que el PSOE calificó de un “asalto” o ataque a la pluralidad informativa.

Esa crítica no se quedó en el ámbito parlamentario: el PSOE llevó el caso ante el Tribunal Constitucional argumentando que la tramitación por lectura única, sin debate ni enmiendas, vulneró el derecho de participación política de los diputados. Ese recurso de amparo fue admitido a trámite por el TC y ahora ha dado lugar a una ponencia que propone declarar inconstitucional y nulo ese procedimiento, aunque sin afectar directamente al contenido de la ley.