El Supremo perdona la cárcel a Aldama, jefe de la trama, a cambio de informes y trabajos a la comunidad

El corruptor de la trama mascarillas, Víctor de Aldama, no irá a la cárcel pese a haber aprovechado los peores momentos de la pandemia para hacer dinero delinquiendo. El comisionista ha sido condenado a tan solo cuatro años mucho menos que los 24 años de José Luis Ábalos o los 19 años de Koldo García, y no entrará en prisión, a cambio de realizar trabajos a la comunidad y entregar informes semestrales sobre su actividad laboral. “Estoy satisfecho con la sentencia y espero que los que vengan detrás también colaboren”, ha celebrado el comisionista a la salida del Tribunal Supremo.

“La cuantía de las penas individuales impuestas por cada delito (un año de prisión por el delito de organización criminal, dos penas de un año y seis meses de prisión por dos delitos de cohecho y dos penas de tres meses de prisión por dos delitos de cohecho), al no superar ninguna los dos años de prisión, abre la vía a la suspensión extraordinaria”, defiende la sala. A cambio, tan solo tendrá que informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales, realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad y no volver a delinquir durante este periodo.

“Las razones político-criminales y, desde luego, legales precisadas que justifican la rebaja punitiva de la que se ha beneficiado Víctor de Aldama por su colaboración con los fines de la Justicia, no reducen la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión”, recoge la sentencia firmada por siete magistrados, sin explicar qué “razones político-criminales”.

“Se declara probado que Víctor de Aldama ha realizado conductas de corrupción a autoridades y funcionarios públicos lesionando, de esta manera, bienes jurídicos colectivos de máxima relevancia constitucional”, ahonda la sentencia. “Su no ingreso en prisión por aplicación de fórmulas de atenuación con el fundamento legal expuesto, no disculpa, sin embargo, que, como razón de merecimiento de la suspensión de las penas privativas de libertad, desarrolle prestaciones al servicio de fines públicos que, de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española”, añade.

Pese a lo polémico de la decisión, el Alto Tribunal garantiza que “la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad no es, ni mucho menos, un mecanismo vacío de todo contenido retributivo, como si se tratara de una suerte de perdón judicial”. Si bien se le parece mucho. No obstante, la Sala defiende su decisión y eleva la “colaboración” de Aldama a un elevado nivel (muy cualificada), pese a que ha introducido falsedades e información averiada en más de una ocasión.

“No solo ha admitido plenamente su participación en hechos de suma gravedad, relacionados con una corrupción orgánica, organizada y continuada desde las más altas instancias del poder político, sino que, en ningún momento, ha buscado su autoexculpación”, asegura el Supremo. “Todo lo contrario”, continúa, “como ha puesto de relieve su defensa, ha renunciado plenamente a la propia defensa desde un estado incipiente de la investigación judicial, asumiendo un rol activo de colaboración con la justicia y simplificando el restablecimiento del orden público”.

Todo probado

Los magistrados, de forma unánime, consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió "graves" delitos de corrupción. Para el Tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven probado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el alquiler de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.