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El Tribunal Supremo ha exigido a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral que garanticen que 163.355 personas nacionalizadas al amparo de la conocida como 'ley de nietos' no puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, salvo que acrediten documentalmente ser descendientes de exiliados. La decisión figura en una providencia dictada este viernes por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que el tribunal recuerda a ambos organismos que deben cumplir las medidas cautelares acordadas anteriormente, que suspendieron el derecho al voto de los nacionalizados por esta disposición de la Ley de Memoria Democrática.
En concreto, el Supremo ordena que ninguna de las 163.355 personas afectadas pueda figurar como elector, tanto en el censo de residentes en el extranjero como en el de residentes en España. La única excepción corresponde a las 901 personas que ya aportaron una certificación consular, además de aquellas que presenten este documento antes de la jornada electoral. "En consecuencia, que ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el censo electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados", han explicado.
La resolución llega después de que el alto tribunal expresara sus dudas sobre los informes remitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral acerca del cumplimiento de las medidas cautelares. Esta semana, la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE), comunicó que el censo cerrado el pasado 1 de agosto recogía 163.355 personas afectadas por la suspensión. Sin embargo, añadió que, tras las comprobaciones realizadas, la cifra se había reducido a 113.326. Estas explicaciones han llevado al Supremo a reclamar una aplicación clara de las medidas acordadas, con el objetivo de evitar que los afectados puedan aparecer como electores en cualquiera de las modalidades del censo.
En otra providencia, los magistrados han concedido un plazo de dos días, hasta el próximo lunes, para que las partes presenten alegaciones sobre la documentación aportada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio del Interior, relativa a los controles de seguridad de los dispositivos utilizados para votar mediante DNI digital en las próximas elecciones generales. Asimismo, el tribunal ha informado de que el Partido Popular ha solicitado personarse en el procedimiento. No obstante, le ha requerido que concrete en qué condición pretende intervenir, ya que, según recuerda la Sala, únicamente podrá actuar como parte codemandada.
La suspensión no afecta a los hijos de los nacionalizados
El procedimiento judicial se inició a raíz de los recursos presentados por Iustitia Europa y Vox, que solicitaron la suspensión del voto de los nacionalizados mediante la llamada 'ley de nietos'. El Supremo acordó paralizar cautelarmente el derecho al voto de este colectivo, pero rechazó extender la medida a los hijos de estas personas. Los magistrados argumentaron que la petición se había formulado cuando el proceso electoral estaba ya muy avanzado y que ampliar la suspensión en ese momento habría comprometido los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
La decisión judicial afecta así a miles de personas que habían adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática y añade un nuevo elemento de controversia a las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre




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