El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que le pedía 40.000 euros. En su resolución, la sala concluye que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política que, por otra parte, guste o no como realidad social, es frecuente en nuestros días: "criticar el contexto familiar de los políticos cuando existen conductas sospechosas de ser delictivas o, al menos, socialmente reprochables (o lo que algunos pueden legítimamente considerar como socialmente reprochable)".
También afirman que concurren los elementos legitimadores de la libertad de expresión: las manifestaciones versan sobre una cuestión de interés general y afectan a una persona de relevancia social (la pareja de una importante política, la cual es, en realidad, la destinataria última de la crítica), no se utilizan insultos o expresiones injuriosas, tienen una base fáctica razonable, que no quiere decir que sea exacta, y han sido realizadas por una persona que es diputada electa, de una manera no muy diferentes de lo que viene siendo usual en el debate político o, más bien, partidista.
En este caso, el novio de Ayuso solicitaba que se declarase que se había producido una intromisión en su derecho al honor frente a la Montero quien, en varias ocasiones, hizo mención a su condición de investigado por un delito, que se había enriquecido durante la pandemia y que vivía con su pareja en un piso de adquisición cuestionable por sus problemas con el fisco.
Otros casos
La crítica política y la base fáctica es lo que distingue claramente este caso de otros en que se han enjuiciado declaraciones de cargos políticos, particularmente el que dio lugar a una sentencia del año 2003, en el que ni el demandante era un personaje público, ni tenía relación alguna con la política, ni existía la más mínima base fáctica para justificar las graves imputaciones contenidas en las declaraciones de la demandada, puesto que, al contrario, la realidad de los hechos contradecía palmariamente la veracidad del mensaje.
Esta sentencia es un verdadero varapalo para Alberto González Amador. Lo normal es que, con esta sentencia en la mano, el resto de las múltiples demandas que el novio de la presidenta ha interpuesto corran la misma suerte que la presentada contra Montero.
Las diferentes demandas presentadas, por un valor total de 495.000 euros son contra:
Gobierno, PSOE y Más Madrid:
- Pedro Sánchez: 100.000 euros
- Félix Bolaños: 50.000 euros
- Óscar López: 50.000 euros
- María Jesús Montero: 40.000 euros
- Pilar Alegría: 40.000 euros
- Diana Morant: 15.000 euros
- PSOE: 30.000 euros
- Ion Antolín: 30.000 euros
- José Zaragoza: 10.000 euros
- Isabel Rodríguez: 20.000 euros
- Más Madrid: 15.000 euros
- Manuela Bergerot: 20.000 euros
- Rita Maestre: 15.000 euros
A periodistas y tertulianos:
- Xabier Fortes: 5.000 euros
- Enric Juliana: 5.000 euros
- Luis Arroyo: 5.000 euros
- Pablo Simón: 5.000 euros
- Alan Barroso: 40.000 euros