Tribunales

El Supremo da la razón a la familia que un fondo quería desahuciar por ingresar en una residencia a la víctima de un ictus

Inversiones Inmobiliarias Tar S.L. alegó que el titular había abandonado el domicilio para desalojar a la familia que seguía pagando el alquiler

R. U.
Fachada del Tribunal Supremo. EP
Fachada del Tribunal Supremo. EP

Que los especuladores inmobiliarios no tienen ni un mínimo de humanidad es un hecho contratado; no obstante, que la Justicia española les frene mínimamente los pies es una novedad noticiable. Inversiones Inmobiliarias Tar S.L. quería desahuciar a una familia que llevaba viviendo en el mismo piso desde 1935 y no dudó en acudir a los tribunales, aprovechando que el titular del contrato sufría una grave enfermedad, para recibir la autorización para acometer el lanzamiento. Sin embargo, tras un largo periplo judicial, la propiedad ha visto frustrada su intentona.

Manuel, nombre ficticio del titular del contrato, lleva residiendo en el inmueble toda su vida. Hace más de 90 años, su padre firmó el contrato de alquiler y, tras su fallecimiento en 1976, se subrogó el arrendamiento. Medio siglo siendo abonando religiosamente la renta del inmueble en el que residía con su mujer y su hijo. En 2019, todo cambió tras sufrir un ictus y recibir el grado tres de dependencia, que obligó a su familia a trasladarlo a una residencia para recibir atención durante las 24 horas del día.

El arrendamiento no dejó de pagarse en ningún momento, pero la propiedad intentó aprovechar el trasladado de Manuel a la residencia para expulsar a su mujer y su hijo. Inversiones Inmobiliarias Tar S.L. alegó que la vivienda estaba desocupada, al llevar el titular más de seis meses fuera en el plazo de un año, y que su familia no tenía derecho a permanecer en ella. Esta tesis, contemplada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), establece que no debe existir ninguna causa que justifique la ausencia.

La demanda fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia número 86 de Madrid en abril de 2022. En septiembre de 2023, el tribunal dio la razón al especulador, entendiendo que el ingreso de titular en una residencia suponía un cambio de domicilio y que la ausencia del titular justificaba la extensión del contrato, tal y como consta en la sentencia que ha revelado el diario Público. Manuel nunca llegó a conocer esta decisión, pues falleció en junio de ese mismo año. Su viuda y su hijo no aceptaron la derrota.

El recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid modificó la sentencia de la primera instancia y dio la razón, casi en el colofón de 2024, a la familia. Esta instancia superior entendió que el traslado de Manuel a una residencia respondió a motivos de salud y que, en consecuencia, no podía considerarse una desocupación del domicilio. No obstante, la propiedad no se conformó con el fallo y llevó el caso hasta el Tribunal Supremo, quien sentenció hace, este lunes, dos meses.

El Alto Tribunal desestimó el recurso de Inmobiliarias Tar S.L. y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial. "No se trata, por tanto, de afirmar que cualquier ingreso prolongado en una residencia de mayores constituya justa causa de desocupación, ni de sostener que la mera presencia de familiares en la vivienda impida siempre apreciar la causa de denegación de la prórroga", expone la sentencia revelada por Público, que asesta un duro varapalo a la propiedad, que deberá también asumir el pago de las costas.

Si bien esta sentencia no sienta precedente. El propio Tribunal Supremo, que alude a los artículos 62.3 y 114.11 de la LAU, se ha preocupado de señalar que hay que analizar las circunstancias de cada caso. Casos, todos ellos, que suponen un calvario para las familias y que, en muchas ocasiones, la propiedad utiliza como mero mecanismo de presión y debilitamiento, a sabiendas del coste económico y anímico que supone para una familia, más allá de lo que pueda sentenciar finalmente el tribunal.

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