El Supremo contradice a la Fiscalía y presume ante Bruselas del juicio contra García Ortiz

El juicio celebrado el pasado año contra el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa enfrentando a los diferentes escalafones judiciales españoles, alcanzado la polémica instancias europeas. El Gobierno, la Fiscalía General del Estado y el propio encausado consideran que el proceso no respetó los derechos fundamentales del exlíder del Ministerio Público, razón que ha llevado a escalar la sentencia al Tribunal Constitucional y a trasladar diferentes quejas a la Comisión Europea. Sin embargo, el Tribunal Supremo niega la mayor y defiende sus actuaciones.

García Oriz fue condenado a una pena de inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por haber filtrado los delitos fiscales presuntamente cometidos (confesados por su abogado) por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La falta de pruebas, llegando a señalar que el responsable fue el exfiscal o “alguien de su entorno, y el rechazo de todos los testimonios de los periodistas, que exculpaban al acusado, sumados a la falta de transparencia y retransmisión abierta fueron las principales discrepancias, que aún generan enfrentamiento.

La sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, dejó constancia de su desacuerdo con la sentencia y lo hizo constar en sus aportaciones al Informe Sobre el Estado de Derecho de 2026, elaborado por Bruselas; sin embargo, el Tribunal Supremo defiende justamente lo contrario en su aportación al mismo informe, según traslada infoLibre. No obstante, el órgano presidido por Isabel Perelló centra su argumento en que el juicio fue retransmitido para los periodistas, pese a que no pudo emitirse en directo, como si ha ocurrido con otros de igual o mayor importancia; y denuncia las críticas recibidas.

“Las sesiones de la vista, que se produjeron sin incidentes notables, fueron íntegramente emitidas por un canal interno a más de 200 periodistas acreditados de medios nacionales e internacionales localizados en las dependencias del Tribunal", apuntan el Supremo, defendiendo la decisión del presidente de la Sala Segunda, la que el Partido Popular (PP) presumió de controlar, Andrés Martínez Arrieta. Si bien la amplia mayoría entendió el movimiento como un golpe a la transparencia, pues juicios como el del procés sí que pudo ser seguido por la totalidad de la ciudadanía de forma íntegra y en directo.

Más allá de la forma, la sentencia, que se conoció después de revelarse con bastante antelación el fallo, también supuso choque, llegando a recoger dos votos particulares y generando protestas de varias asociaciones e instituciones judiciales. No obstante, el Supremo protesta ante Bruselas por las críticas recibidas. "Algunos representantes políticos han utilizado expresiones como 'golpe de Estado judicial' y han reiterado que la condena forma parte de una operación 'organizada y coordinada' para desestabilizar al Ejecutivo a través de mecanismos judiciales, o 'el uso de la justicia para objetivos políticos”, expone el Supremo a Europa.

 "Muchas de estas declaraciones se hicieron incluso antes de que el texto de la sentencia se hubiera hecho público", lamenta el Alto Tribunal, como si la decisión de revelar la condena antes de publicar la sentencia no hubiese sido propia. "El Tribunal Supremo no ha dado respuesta a ninguna de estas manifestaciones", presumen desde el organismo, pese a que las críticas y las respuestas sí han llegado desde otras tribunas, citando fuentes internas y plasmando de forma oficiosa su reacción. Un enfrentamiento que, según parece, está muy lejos de llegar a su fin.