El magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, ya ha puesto fecha para la declaración como imputado del europarlamentario de extrema derecha, Alvise Pérez, por el caso de la presunta financiación irregular de su formación política Se Acabó La Fiesta (SALF). El juez le cita a él, y al empresario Álvaro Romillo el próximo día 11 de julio en el Alto Tribunal. Esta será la tercera declaración como investigado de Alvise en poco más de un mes. Las otras dos fueron por acosar a la fiscal de Delitos de Odio, Susana Gisbert, y por la difusión de un PCR falsa de Salvador Illa cuando era ministro de Sanidad.
En esta línea de la presente investigación, la Fiscalía ya apoyó con anterioridad la exposición remitida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en la que instaba al TS a abrir las pesquisas por un presunto delito de financiación ilegal y por un delito electoral por los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, para su formación política.
La investigación contra Alvise es en realidad una pieza separada dentro de la causa en la que el juez Calama investiga al propio Romillo por la presunta estafa piramidal que habría perpetrado Madeira Invest Club, un entramado del que Romillo habría sido máximo responsable. El empresario aseguró el pasado miércoles ante el juez que entregó 100.000 euros en metálico a 'Alvise' Pérez para recibir favores futuros del dirigente y también beneficiarse de su influencia en la red social Telegram.
El fiscal
En el informe que envió el fiscal al Supremo, el representante del Ministerio Público daba total credibilidad al relato del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que apreció la existencia de indicios racionales de la existencia de unos hechos que consisten en que "el ahora eurodiputado Luis Pérez Fernández se habría puesto en contacto con Álvaro Romillo Castillo con el fin de que le ayudara en la creación de unas wallets en las que poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas al margen de todo control financiero de las autoridades. Álvaro Romillo Castillo no sólo le habría creado tres wallets a los efectos referidos, sino que también le habría proporcionado 100.000 euros en efectivo con objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024, como líder de la agrupación electoral SALF (Se Acabó La Fiesta).
En cuanto al otro acusado en el procedimiento, aseveraba el fiscal que, asimismo, "entendemos igualmente que estando indicada la responsabilidad penal de Romillo Castillo como cooperador necesario de los referidos delitos, y siendo el enjuiciamiento de su conducta inescindible de la del encausado principal, procede hacer extensiva la competencia a dicho imputado, ante el riesgo de que pudieran dictarse sentencias contradictorias de seguirse ambos procesos por separado".