El Tribunal Supremo avanza en el primer paso para oficializar la imputación de Luis ‘Alvise’ Pérez, más conocido como Alvise, por financiación ilegal de su partido en las pasadas elecciones europeas de junio de 2024.
El magistrado instructor Julián Sánchez Melgar ha iniciado los trámites a través de una providencia, en la que ha solicitado a las partes que en un plazo máximo de tres días se pronuncien sobre la solicitud al Parlamento Europeo de impulsar un suplicatorio para suspender la inmunidad parlamentaria del líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) y proceder a su investigación judicial.
Esta decisión acontece después de conocerse un informe de la Policía Nacional en el que se da cuenta como acreditado que el empresario y socio de Alvise vinculado a las criptomonedas, Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, le abonó 100.000 euros en efectivo para la campaña electoral en la que SALF irrumpió en el tablero político.
En este sentido, el informe policial también aduce a que existen indicios de la existencia de un entramado empresarial detrás de esta operación, donde radicaría el epicentro en la empresa Somos Libres SL, y sobre la que podría haberse financiado ilícitamente a Alvise con cantidades de dinero distintas e incluso por terceras personas.
Según los agentes, hay indicios “a todas luces evidentes” de que Alvise pretendía obtener “fondos para financiar” su campaña política pero que debían ser “opacos”, “no declarados” y “no fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”.
Cabe recordar que, ante el juez del Alto Tribunal, tanto Alvise como Romillo confirmaron que se procedió al traspaso de los 100.000 euros en efectivo. Sin embargo, se dieron disparidades, puesto que el líder de SALF dijo en declaración judicial que “no exactamente” Romillo había creado un canal de financiación, sino que el empresario le invitó a dar una charla y le pagó la mencionada cantidad.
La Audiencia Nacional prolonga la investigación
Asimismo, el pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, anunció que la investigación quedaba ampliada hasta marzo de 2026, seis meses más, por la presunta estafa piramidal entorno a Madeira Invest Club (MIC) y las actuaciones de Romillo.
Se incidió a su vez en el "carácter complejo" de la investigación, apuntando que la infraestructura de la presunta organización criminal "incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países".
La causa judicial se abrió el pasado año en la AN por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles, tras diversas denuncias y miles de afectados a los que representan, entre otros, el despacho Aránguez Abogados, para quien el empresario "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas".
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la plataforma de inversiones MIC llegó a recaudar más de 260 millones de euros, una cifra supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y 'startups'.