El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional en el marco de la ‘Operación Kitchen’ llega este miércoles a su recta final con los informes que presentarán las defensas de los acusados sobre el presunto espionaje en 2013 por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas y dificultar la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el partido.
Después de que la Fiscalía y las acusaciones desfilaran ante el tribunal, este miércoles es el turno de las defensas de los acusados, entre quienes figuran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el excomisario jubilado José Manuel Villarejo. Pese a que los letrados comenzarán a exponer sus informes el miércoles, todo ello se extenderá también durante la jornada del jueves, después de que elevasen a definitivas sus conclusiones, en las que solicitan la absolución de los acusados.
La Fiscalía señala un "operativo parapolicial criminal"
El pasado 30 de junio el fiscal Anticorrupción César de Rivas consideró probado en el informe final que la Operación Kitchen fue "un operativo parapolicial criminal" que buscaba "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'.
Al hilo de ello, el fiscal mantuvo su petición de 15 años de prisión para Fernández Díaz y Martínez, a quienes acusó de tener pleno conocimiento del presunto espionaje al extesorero. "Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del 'caso Gürtel', sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del 'caso Gürtel'", resumió el fiscal.
Sobre esto último, el fiscal añadió que no es posible que estuvieran trabajando para esclarecer el caso Gürtel porque en ningún momento hablaron ni con la UDEF, encargada de investigar el asunto, ni con el juez instructor del asunto, en aquel momento, Pablo Ruz. Así, el fiscal señaló: "Esa falta de interlocución les impedía conocer cualquier laguna que necesitara ser completada el caso Gürtel".
Por lo que respecta a Villarejo, el Ministerio Fiscal pide la pena más alta, 19 años de cárcel, por presuntamente captar al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad", según el fiscal.
La defensa de la familia de Bárcenas rebaja las penas
En otro orden de cosas, la abogada de la familia Bárcenas rebajó notablemente las penas que había reclamado para todos los acusados al inicio del juicio. En concreto, la letrada ha pasado de pedir 41 años de cárcel para todos los acusados y 33 años para el chofer, a 17 años y medios para todos y 11 y medio para Sergio Ríos.
Además, redujeron también las peticiones de penas las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Podemos, que inicialmente solicitaban para los acusados condenas de entre 32 y 47 años de cárcel.
Por su parte, para quien fuera chófer de Bárcenas, Anticorrupción reclama 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.
Asimismo, el Ministerio Público mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
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