La campaña electoral de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no dará tregua a los tribunales. Mientras los partidos políticos intensifican sus actos y mítines para convencer a los votantes, la actividad judicial continuará marcada por las declaraciones de investigados y testigos en algunas de las causas más mediáticas de los últimos meses, varias de ellas relacionadas con el PSOE, el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
La Audiencia Nacional y los juzgados de Plaza de Castilla afrontarán dos semanas especialmente intensas, con comparecencias vinculadas a los casos Koldo, Leire Díez y Plus Ultra, así como a las investigaciones sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y el rescate de Air Europa. Un calendario judicial que coincide de lleno con la recta final de la campaña electoral.
Aunque durante los periodos electorales suele ser habitual que los jueces eviten adoptar decisiones de especial trascendencia, la actividad ordinaria de los tribunales no se detiene. Así, las próximas semanas estarán protagonizadas por declaraciones que podrían aportar nuevos elementos a investigaciones de gran repercusión política.
Koldo, Ceuta y Plus Ultra abren el calendario judicial
El primer nombre destacado será el de Ignacio Zaldívar, exdirectivo de Adif, que declarará el próximo 17 de noviembre como investigado en el caso Koldo ante el juez Ismael Moreno. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias por su supuesto papel en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en la empresa pública Tragsatec.
Un día después, el 18 de noviembre, comparecerá Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta y primer investigado en la causa que dirige la jueza María Tardón sobre la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.
El 19 de noviembre será el turno del caso Plus Ultra. El juez José Luis Calama escuchará como testigos a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Félix Martín, antiguo director financiero de la aerolínea. La investigación analiza el presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la compañía durante la pandemia y el supuesto papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Uno de los días de mayor actividad judicial será el 24 de noviembre. En la Audiencia Nacional está prevista la declaración como investigado de Nervis Villalobos, exviceministro venezolano durante el Gobierno de Hugo Chávez. Su comparecencia se produce después de que el Registro Civil Central remitiera documentación sobre posibles irregularidades en su expediente de nacionalización española, obtenida a través de la denominada ley de nietos.
Ese mismo día declarará como testigo Cintia Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un clan de narcotráfico de Badajoz. Su nombre aparece en la investigación después de que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, también investigado, presuntamente hablara de "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, encargada de la causa sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El juez Santiago Pedraz investiga en este procedimiento una presunta trama destinada a desestabilizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y al entorno familiar de Pedro Sánchez. Según las pesquisas, la operación habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
Air Europa lleva los juzgados de Madrid a la campaña
La actividad judicial también tendrá un importante foco en los juzgados de Plaza de Castilla, donde continúa la investigación sobre las presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros concedido por el Gobierno a Air Europa en noviembre de 2020.
Entre las comparecencias previstas destacan las de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón. También están llamados a declarar José Ángel Partearroyo, Manuel de la Rocha, actual director de la Oficina Económica y del G20 de la Presidencia del Gobierno, y otros responsables vinculados al procedimiento.
Además, el 23 de noviembre están previstas las declaraciones de Ana de la Cueva, expresidenta de la Secretaría de Estado de Economía y actual presidenta de Patrimonio Nacional, y de Pilar Paneque, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad.
El Supremo mantiene abiertos los frentes electorales
Más allá de las declaraciones previstas, el Tribunal Supremo continuará abordando cuestiones con repercusión directa en el proceso electoral. Una de ellas es la controversia sobre el voto de los ciudadanos nacionalizados mediante la ley de nietos.
Los magistrados han rechazado extender a los hijos de estos nacionalizados la suspensión cautelar del derecho al voto que ya afecta a determinados nietos residentes en el extranjero que no han acreditado su condición de descendientes de exiliados.
El Supremo ha justificado su decisión en la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la estabilidad electoral, debido a la proximidad de las elecciones y a las dificultades para revisar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en tan poco tiempo.
Por otro lado, el alto tribunal tiene pendiente resolver sobre la aplicación de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont por el delito de malversación. La cuestión llega después de que el Tribunal Constitucional ordenara aplicar la ley de amnistía y de que el juez instructor del procés, Pablo Llarena, considerara amnistiable dicho delito. La Sala de lo Penal ya ha aplicado la amnistía al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a varios antiguos consejeros de la Generalitat.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
