Los precedentes en los que la Justicia anuló pruebas del HSI, la agencia de EEUU que señala a Zapatero

Homeland Security Investigations (HSI), la principal agencia federal de investigación criminal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, ha jugado un papel determinante en las investigaciones del caso Plus Ultra. Entre las pesquisas del organismo, la intervención del teléfono de Rodolfo Reyes, investigador y principal accionista de la aerolínea, que podría salpicar directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si bien esta prueba podría ser decretada nula por la inexistencia de seguridad jurídica en su obtención, como ha ocurrido en otras ocasiones con la HSI.

La agencia accedió al móvil en 2021, pero no remitió los datos a la justicia española hasta el 18 de marzo de este año, en plena crisis entre España y Estados Unidos por los delirios de Donald Trump. El juez José Luis Calama, al cargo de la investigación en la Audiencia Nacional, ha pedido a las autoridades estadounidenses poder utilizar la información recabada como prueba, mientras que la defensa de Zapatero sospecha que fue obtenida de forma ilícita y sin garantías y pedirá que no se incluya, dificultando la causa.

El respeto a los derechos básicos en Estados Unidos no es el mismo que en España y no genera sorpresa que sus agencias pudiesen extraer el contenido del teléfono móvil sin ninguna garantía judicial. Si bien el HSI, dependiente del Inmigration and Customs Enforcement (famoso ICE), ha colaborado en la resolución de casos de narcotráfico, falsificación, pederastia o agresiones sexuales que afectaban a España; también ha visto como en más de una ocasión sus pruebas eran rechazadas por haber sido obtenidas sin respetar los derechos fundamentales.

Es más, como recuerda este viernes infoLibre, sus procederes han supuestos que, por lo menos en dos ocasiones, dos acusados fueran absueltos por no existir garantías en su proceso y sufrir vulneración de sus derechos. El ejemplo más representativo data de noviembre de 2018 y tiene como escenario la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid. En el citado tribunal se juzgaba a dos personas por presunta pertenencia a una red internacional de narcotráfico que a priori operaba en Sudamérica y Europa, utilizando España como vía de entrada.

La información que había alumbrado el caso provenía del HSI, desde donde se reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que infiltrase un agente en la supuesta organización criminal. La casualidad quiso que, tan solo dos semanas después, apareciese una maleta sin identificar en el Aeropuerto de Barjas que incluía 28 kilos de cocaína. El juez encargado de la causa no creyó en la suerte del destino y archivó el caso al detectar muchos indicios que el delito en cuestión hubiese sido inducido o provocado, algo ilegal en España.

Otro de los ejemplos está fechado el 28 de marzo, cuando la sección 15 del mismo tribunal provincial se vio obligada a archivar otro caso en el que estaba implicado el HSI, que en este caso se comunico con la Agencia de Vigilancia Aduanero, en vez de con la Guardia Civil. En este caso, la agencia comunicó que había detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití que incluía poco más de kilo y medio de cocaína. Los estadounidenses solicitaban cazar al supuesto receptor, un haitiano residente en Madrid.

Aduanas avisó a la Fiscalía de Madrid, institución que autorizó la operación, y un agente disfrazado de repartidor detuvo al destinatario del paquete en su domicilio, cuando le fue entregado el bulto. El paquete era una bolsa de palos de golf, que contenía mucha más droga de la que había indicado el HSI, pero el tribunal tuvo que absolver al señalado al existir serias dudas sobre la cadena de custodia de la supuesta prueba, que podría haber sido viciada o alterada por las propias autoridades estadounidenses.